Piden extinción de dominio de bienes de banda narco que hizo inversiones en la ciudad

Los fiscales Diego Iglesias de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Pablo Turano de la Fiscalía en lo Penal Económico 1 y Miguel Ángel Gilligan de la Fiscalía Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 6 demandaron en sede civil la extinción de dominio respecto de una gran cantidad de bienes y dinero secuestrados y cautelados a los integrantes de una organización transnacional dedicada al tráfico de estupefaciente y el lavado de activos, denominada "Clan Loza" o "Familia Loza". La banda tenía ramificaciones en Mar del Plata, donde se produjeron varios allanamientos en hoteles y estacionamientos de la ciudad, que habían sido adquiridos con dinero de la droga.

La organización en cuestión fue desbaratada en diciembre pasado, en el marco de 73 allanamientos realizados en forma simultánea en nuestro país y en España, donde se detuvo a 35 personas.

Según informó el Ministerio Público Federal en el sitio fiscales.gob.ar la medida solicitada, la primera de esta naturaleza desde la entrada en vigencia del Régimen Procesal de la Acción Civil de extinción de Dominio, tiene lugar luego que el procurador general Eduardo Casal designara al mencionado equipo de Fiscales mediante la resolución 167/2019 y dispusiera de la colaboración de la Secretaría de Coordinación Institucional.

El origen

Si bien la organización venía siendo investigada desde 2011, la causa que tramita en el fuero Penal Económico se inició en noviembre de 2017 cuando dos personas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al intentar ingresar a nuestro país casi 400 mil Euros acondicionados y distribuidos en los doble fondos de tres valijas que habían despachado en un vuelo que provenía de Madrid. De acuerdo a una investigación que había llevado adelante el Ministerio Público, se logró establecer que el dinero estaba relacionado con esta organización narcocriminal transnacional, que fue investigada a través de un Equipo Conjunto de Investigación por la Argentina, España e Italia.

De acuerdo a la pesquisa, la droga comercializada por esta organización provenía de Bolivia y de Perú, y posteriormente era enviada desde nuestro país -aunque, en algunos casos posiblemente también desde otro país de Sudamérica- hacia el continente europeo, principalmente a España. Desde allí, en algunos ocasiones, eran distribuidas o vendidas a otras organizaciones asentadas en ese país, como así también en Italia, Irlanda e Inglaterra.

La asociación criminal tuvo como principal actividad ilegal el tráfico de estupefacientes, en especial el contrabando desde Argentina hacia España, el contrabando de divisas desde Europa al territorio nacional y el manejo de los fondos producidos a los fines de mantener vigente la estructura delictiva, hechos que forman parte de la 1814/2017 que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 a cargo Pablo Yadarola, quien en diciembre pasado dispuso el procesamiento con prisión preventiva de doce de los acusados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de divisas y les trabó embargos por 7.400 millones de pesos. Semanas después, la decisión fue confirmada -en lo sustancial- por los jueces de la sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, quienes explicaron que los imputados adquirieron a su nombre (o por medio de distintas sociedades integradas por ellos) una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles sin haber tenido ingresos lícitos por trabajos o negocios realizados con anterioridad.

Los fiscales destacaron que el estado de la causa penal permite sostener, con un grado de verosimilitud adecuado para el proceso, la existencia de delitos comprendidos en la categoría de criminalidad económica.

En función de ello, los representantes del MPF destacaron que el estado procesal de la causa permite sostener, con un grado de verosimilitud adecuado para este proceso, la existencia de delitos comprendidos en la categoría de criminalidad económica, que dieron origen a cantidades ingentes de dinero que fue invertido, directa y/o indirectamente, en los activos que conforman el objeto de la extención de dominio requerida.

La demanda contiene una pormenorizada descripción de cada uno de los bienes que se encuentran actualmente secuestrados y cautelados, la persona física que detenta su titularidad -o, en su caso, la jurídica interpuesta para ocultar al verdadero propietario-. Tales bienes incluyen más de 45 inmuebles -distribuidos entre Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Salta y Mar del Plata-, más de treinta vehículos de alta gama -entre ellos tres modelos Ferrari-, motos, joyas, dinero en efectivo. "Todos los bienes cuya extinción de dominio se requiere fueron incorporados al patrimonio de los demandados sin causa lícita dado que no han podido probar actividad lícita en virtud de la cual habrían generado los ingresos necesarios para la adquisición de los bienes en cuestión", consignaron los fiscales.