Pidieron la preventiva de los dos hermanos acusados de matar a un hombre en Santa Clara del Mar

“Una herida de arma blanca en región toráxica que culminó con su vida”. Ese fue el cierre de una escalada creciente de violencia el pasado 4 de septiembre en Santa Clara de Mar que terminó con el asesinato de Ariel Escalante y que a un mes registró el pedido de prisión preventiva para los dos hermanos detenidos por el ataque.

En línea con lo que fue el comienzo de la Investigación Penal Preparatoria, el fiscal Ramiro Anchou solicitó que convierta en prisión preventiva la detención de Juan Manuel y Luca Matías Cersocimo por el delito de homicidio. Para el funcionario “existen indicios que los imputados en libertad intentaría fugar y de esta forma eludir la acción de la justicia atento el monto de pena prevista para el delito que se les atribuye”.

En el pedido al que tuvo acceso 0223, Anchou consideró probada la responsabilidad de los hermanos a partir de las testimoniales recabadas, de los registros fílmicos obtenidos en las cámaras de seguridad particulares y de cámaras municipal, de las actuaciones policiales y las propias declaraciones de los imputados que se situaron en el lugar de los hechos y reconocieron que haber mantenido una pelea con la víctima.

Anchou también valoró que del interior del vehículo en el que se movilizaban los imputados se secuestró un cuchillo. “Es un instrumento coincidente con el utilizado para provocar la herida que presenta Escalante y que terminó con su vida”, sostuvo.

El pedido de prisión preventiva se hizo casi dos semanas después de la decisión de la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos de denegar la excarcelación que pidió la defensa de los dos imputados a cargo del abogado Héctor Lucotti.

En esa oportunidad, la titular del Juzgado de Garantías N° 6 consideró la magnitud de la pena en expectativa y que en caso de conceder la excarcelación existía peligro de fuga de los hermanos de 25 y 27 años o entorpecimiento de la investigación.

Más allá de la tarea del Ministerio Público Fiscal –en un primer momento a cargo del fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil cuando se creía que había menores imputados-, la familia de la víctima se presentó como particular damnificado representada por el abogado Cristian Ford.