Colegios privados piden beneficios fiscales a la Municipalidad para enfrentar la situación económica

Integrantes de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) defendieron este martes ante el Concejo Deliberante un proyecto que presentaron a comienzos de año para ser declarados exentos del pago de diversas tasas municipales, como un respaldo de la Comuna ante lo que describieron como un complejo escenario que atraviesan las instituciones por la crisis económica.

El planteo formal de la organización apunta específicamente a la modificación del Artículo 250° de la Ordenanza Fiscal vigente, donde se exceptúan a diversas personas jurídicas del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene, aunque en su intervención ante los concejales de la Comisión de Educación también plantearon extender el beneficio a la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) y a los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos, por el caso de los estacionamiento reservados para el transporte escolar.

“Estamos pidiendo ver de qué manera la Municipalidad nos ayuda a los colegios de gestión privada, porque desde lo que es Nación estamos exentos en IVA y Ganancias, y en Provincia estamos exentos en el impuesto inmobiliario y en ingresos brutos, pero en Municipio pagamos Tasa por Seguridad e Higiene, TSU y espacio reservado para las combis escolares”, explicó Matías Barrionuevo, representante legal del Instituto San Nicolás de los Arroyos y miembro de la comisión directiva de Aiepba, entidad que nuclea a 2000 servicios educativos en toda la Provincia y a unos 70 en General Pueyrredon.

“Hace tiempo que venimos sufriendo la situación económica en la que está el país, venimos de una pandemia en la cual muchas instituciones han cerrado, sobre todo maternales, esto no se ha notado en Mar del Plata, pero si en la Provincia y principalmente con los que no tienen subvención estatal. Y a los papás se les está haciendo cuesta arriba pagar las cuotas”, remarcó sobre las dificultades que afrontan tanto las instituciones de gestión privada como las familias.

El directivo remarcó las complicaciones que se generan producto de la inflación, donde por caso la última paritaria fue del 30%, mientras que desde la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) se autorizaron aumentos del 18% en la cuota. “Estamos limitados en el precio y en la oferta, eso hace que nuestros costos se vayan incrementando. Y además hay familias que realmente no pueden pagar ese 18%, entonces terminamos bonificando para que no se vayan. Los alumnos para nosotros no son clientes, son personas y la mayoría de los colegios somos familias que les tenemos cariño a los estudiantes, que están con nosotros desde los 3 años y no le podemos decir ´te tenés que ir porque tu papá no puede pagar la cuota””, retrató.

En tanto, Barrionuevo resaltó que actualmente las escuelas católicas cuentan con el beneficio de la extensión en el pago de la Tasa de Seguridad e Higiene, por lo que pidió que haya una equiparación. “Nos nos estamos quejando, porque aquellos sí y nosotros no. Que se equipare, ante misma prestación de servicio, mismo beneficio”, sostuvo.

En cuanto al impacto económico que tendrían las exenciones, dio algunas referencias: en el caso de los estacionamientos reservados, en promedio actualmente las instituciones abonan unos 100 mil pesos mensuales, mientras que en el caso de la Tasa de Seguridad e Higiene ello depende de la facturación mensual de cada colegio. Allí se presenta una complicación extra: los ingresos suelen ser menores a los montos facturados, ya que varias familias se retrasan en los pagos, pero la tasa se sigue calculando en función de dicha facturación, un problema que fue crítico durante la pandemia.

Tras escuchar a los integrantes de Aiepa, la Comisión de Educación –presidida por Mariana Cuesta de Unión por la Patria- quedó a la espera de un informe que en abril había solicitado a la Secretaría de Hacienda y que todavía no fue respondido. En cambio, en mayo había recibido el reporte de la Secretaría de Educación, donde el área explicó que “no posee atribuciones” para intervenir en lo respectivo a exenciones impositivas.