Con voces a favor y en contra, plenario de comisiones de Diputados analiza la ley de "Bases"

Referentes de diversos sectores expusieron hoy sus posturas sobre la ley ómnibus del Gobierno, en el marco del sexto plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debate el proyecto sobre el cual el oficialismo aspira a dictaminar en los próximos días.

Con las disertaciones de unos 60 representantes concluyó la ronda de consultas a empresarios, sindicalistas, representantes de la ONGs, de la cultura, funcionarios, letrados, y especialistas en niñez y medio ambiente, entre otros.

En el último tramo del plenario de comisiones, que se extendió por más de ocho horas, la diputada del bloque de Unión por la Patria, Paula Penacca, volvió a reclamar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo y del jefe de Gabinete, Nicolas Posse.

El cronograma de trabajo del plenario de comisiones se definirá en las próximas horas ya que el próximo paso será la discusión y firma de los dictámenes de mayoría y minoría, que se deberán discutir en el recinto de sesiones.

En ese sentido, el presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, dijo que "por secretaria se informará" cuándo se volverá a reunir el plenario.

La lista de expositores fue abierta por Federico Lo Bruno, de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), quien aseguró que, en su rol de propietario de una PYME, "es imperiosa una modernización laboral para el sector", al señalar que "la estructura sindical, así como los bloqueos, complican la actividad".

A lo largo de la reunión expuso Mercedes Pombo, cofundadora de Jóvenes por el Clima, quien cuestionó las reformas contempladas en la ley sobre ese tema.

Sostuvo que "votar esto en este contexto no se puede calificar de otra manera que traición a la patria y traición a nuestra generación, que va a pagar estas modificaciones con su presente y su futuro", al advertir que introduce "profundas modificaciones que implican retrocesos muy significativos en materia ambiental" y dejan al país "más expuesto frente a la crisis climática".

Por la empresa Nea Servicios Integrales de Limpieza e Higiene, Silvia Blanc dijo haber sido "víctima de aprietes sindicales cuando representantes gremiales irrumpieron en mis actividades de manera extorsiva" y respaldó las reformas en materia laboral contempladas en la ley "para el beneficio de todos. No es la ley perfecta pero empecemos por cambiar algo".

En esa línea, el empresario pyme, Matías Benetti, propietario de Duers, una fábrica de muebles de oficina, respaldó "los cambios a la legislación laboral".

Y sostuvo que "así como está la situación de las pequeñas empresas resulta imposible afrontar costos, por lo tanto se argentiniza para sobrevivir. Vengo a pedirles no argentinizar para poder seguir creciendo y no achicar mi plantel y que pueda ser el mayor exportador de muebles de oficinas. Votamos un cambio, queremos un cambio, queremos ser libres, trabajar y prosperar".

En tanto, Juan Salvador Delu de la Federación Argentinas de Radios Comunitarios, criticó la ley de "Bases" y dijo que "lo que está en juego es un sistema plural de medios, el acceso a la información, el desarrollo cultural y la facultad de un pueblo a seguir contando historias, que sean un sitio donde plantarse cuando vengan tiempos aún más difíciles".

Por su parte, el presidente de la Cámara argentina del Libro, Juan Manuel Pampin, planteó su rechazo a la derogación de la Ley 25.542 aprobada en la gestión del ex presidente Fernando de la Rúa, y dijo que al estado Argentino "le cuesta cero pesos".

"Aquellos vendedores que cuentan con mayor capacidad de compra pueden reducir el precio de venta asfixiando a los pequeños competidores, reduciendo sus ventas y concluyendo en una escasa rentabilidad, esto solo favorece al esquema de concentración", indicó.

En tanto, la directora adjunta de Amnistía Internacional, Paula Garcia Rey, señaló que "el contexto de crisis social y económica imponen tratar reformas profundas en nuestro sistema, lo sabemos. La pobreza supera un 40% y los índices de inflación exigen un cambio de rumbo pero no se pueden violar derechos de muchas personas y muchos de los cambios incluyen preocupantes regresiones que atentan contra la protección de derechos como la vivienda, la educación, la salud y la economía de los jubilados".

Por su parte, la directora de cine Lucrecia Martel dijo que "si continuamos con la Ley de Bases indudablemente se va a impedir lo que con mucho esfuerzo hemos logrado la gente de cine, que es participar en uno de los mercados más competitivos y que crece exponencialmente".

En tanto, la psicóloga María Gabriela Dik, del Colegio de Psicólogos de Mendoza, cuestionó las modificaciones en materia de salud mental contempladas en la ley, al sostener que se trata de "un retroceso" en la materia, y afirmó que "necesitamos más educación, más arte, más deporte y menos encierro".

"Todos los que trabajamos en salud sabemos que el encierro no ha curado a nadie. Solicitamos que la juventud sea respetada en lugar de ser encerrada y reprimida. Solicitamos que defiendan la libertad individual y que sigan siendo garantes de la libertad, que no sea un bien de mercado sino un derecho que se conquista", abundó.

Eduardo Martínez, del Plenario de Trabajadores Jubilados, consideró que la fórmula de movilidad previsional "había que mejorarla, no derogarla", y recordó que hay "800 mil juicios previsionales parados en la justicia".

"¿Qué esperan? ¿Que se mueran los litigantes?", se preguntó.

La profesora de la Facultad de Derecho de la UBA Beatriz Rajland consideró que "esta ley beneficia a los sectores más concentrados de la economía" y sostuvo que "cuando el presidente (Javier) Milei reivindica a cien años atrás o más, la historia nos indica que esa reivindicación es la reivindicación de la pobreza, el fraude, la represión y los ingentes beneficios de los sectores que hablamos".

En tanto, la secretaria general de la Asociación de Abogados Laboristas, Mariana Amartino, cuestionó las reformas en materia laboral que propone la ley, al sostener que "ni la dictadura de 1976 se animó a tanto". Y pidió al Congreso Nacional "asumir su responsabilidad, efectuar el control de constitucionalidad y rechazar la norma".

Matías Delgado, de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aseguró: "Somos mineros y pobladores que defendemos la soberanía y hablo por los trabajadores y por los pobladores".

Añadió que "Yacimientos es viable y rentable para este país, pero si aprueban el DNU van en contra de las cuencas de Río Turbio", y alertó: "Nuestro espacio de trabajo está ubicado a 30 kilómetros de Chile, es una zona fronteriza, y por eso nosotros hacemos patria y defendemos soberanía".