Alerta propietarios irresponsables: impulsan proceso para municipalizar inmuebles abandonados

El derecho constitucional a la propiedad implica también responsabilidades, como el mantenimiento y uso adecuado del bien para una armoniosa convivencia social y el resguardo del interés general. No es lo que se observa en muchos casos en Mar del Plata, donde es usual la existencia de basurales en terrenos baldíos o casas abandonadas que generan dificultades en materia ambiental y de seguridad.

Partiendo de esta premisa, la Coalición Cívica presentó este miércoles un proyecto al Concejo Deliberante para detectar los inmuebles abandonados en el distrito, con el objetivo de resolver las dificultades que se generan por esta condición. La principal intención es que sus propietarios se hagan cargo de su deber, pero no se descarta una medida más determinante, como que los inmuebles pasen a propiedad municipal. Ello está contemplado en normas vigentes, aunque claro está, no se trata de algo sencillo de ejecutar, con intervención judicial mediante.

“La desatención de los propietarios sobre inmuebles genera problemas que afectan a la comunidad, focos de inseguridad por ocupaciones ilegales, proliferación de plagas y deterioro del paisaje urbano, vulnerando derechos y afectando la calidad de vida de los vecinos que residen en zonas circundantes”, remarcó el autor de la iniciativa, el concejal Guido García, sobre los perjuicios que se generan.

Si bien el Censo 2022 determinó que en General Pueyrredon hay unas 86 mil viviendas desocupadas, se desconoce cuántas de ellas se encuentran abandonadas por sus propietarios, ya sea por la existencia de una herencia vacante o por el desinterés de sus titulares. En concreto, el proyecto elevado al Concejo Deliberante apunta a pedir una serie de informes a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, al Banco de Tierras, la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) y Obras Sanitarias (Osse), cuyo contenido podría ayudar a trazar un mapa de la situación habitacional en General Pueyrredon.

Se trata de datos como la cantidad de inmuebles involucrados en herencias vacantes e inmuebles incorporados al dominio público que constan en la Fiscalía de Estado, procedimientos de verificación de abandono abdicativo y bienes abandonados cuyos propietarios no tomaron medidas para su conservación, según registros del Banco de Tierras; en tanto que a los organismos municipales se piden datos sobre cuentas con deudas superiores a 10 años y denuncias vecinales desde 2014 sobre basurales en baldíos, entre otros.

Actualmente, la Comuna tiene en marcha el programa "Propietario Responsable", a través del cual se recepcionan denuncias sobre basurales en terrenos baldíos. Allí se habilita a que el Emsur lleva adelante las tareas de limpieza necesarias, trasladando luego al dueño los gastos del operativo. Ahora se busca avanzar de una forma más profunda.

“Incorporar al dominio municipal”

Uno de los ítems planteados a la Fiscalía de Estado expone una de las posibles soluciones a la problemática, ya que se solicita la opinión del área respecto a si considera factible ceder al Estado municipal aquellos inmuebles en condiciones de Herencia Vacante, es decir, la inexistencia de herederos ante la muerte de un titular. El objetivo sería su “reutilización en proyectos de interés público” vinculado a la educación, salud y seguridad, aunque también para iniciativas público-privado.

Además, la legislación vigente contempla la posibilidad que inmuebles abandonados pasen a propiedad de la municipal. El proyecto destaca que la Ordenanza Nº 7.572 autoriza al Departamento Ejecutivo a iniciar, a través del área competente, las acciones judiciales necesarias para obtener la declaración de vacancia e incorporar al dominio municipal los bienes abandonados, previa verificación, en conformidad con el artículo 236 del Código Civil y Comercial, y con el artículo 4 de la Ley Nº 9.533.

Precisamente, “el artículo 4º de la Ley Provincial 9.533 establece que constituyen bienes municipales los inmuebles pertenecientes al Estado por dominio eminente o vacancia, conforme al artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación, habilitando al municipio para su incorporación al dominio público en determinadas circunstancias”, sostuvo García.