El Gobierno anunció que enviará por DNU el acuerdo con el FMI al Congreso
El texto sólo contendrá el pedido de autorización para sellar el nuevo préstamo. No habrá ningún detalle técnico sobre el avance de las negociaciones.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Gobierno confirmó que este viernes enviará al Congreso el proyecto para tener la autorización de avanzar en las negociaciones para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fuentes oficiales precisaron que la iniciativa en la que trabajan el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, sólo contiene el pedido de autorización para sellar el nuevo préstamo, sin ningún detalle técnico sobre el avance de las negociaciones.
Si bien la legislación nacional indica que debe ser el Congreso el que autorice las negociaciones con el FMI, desde el organismo multilateral de crédito insisten en que no es un requisito necesario, sino que alcanza con la decisión del Poder Ejecutivo.
Esto quiere decir que el préstamo podría concretarse, aumentando el volumen de la deuda, más allá que lo que resuelva el Parlamento.
Qué dice la "Ley Guzmán" aprobada en 2021
La "Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública" es una normativa impulsada en Argentina por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, aprobada en 2021, que tiene como objetivo principal establecer un mayor control legislativo sobre el proceso de endeudamiento del país con organismos internacionales, como el FMI.
La ley exige que cualquier nuevo acuerdo de financiamiento con el FMI o programas de asistencia financiera similares sean aprobados por el Congreso antes de su firma, garantizando así una mayor transparencia y debate público sobre estas decisiones.
Surgió en respuesta a la deuda contraída por el gobierno Mauricio Macri en 2018, cuando Argentina acordó un préstamo con el FMI por u$s44.000 millones sin intervención del Congreso.
Con la nueva normativa, se buscó evitar que futuros gobiernos asumieran compromisos financieros internacionales sin la aprobación legislativa, reduciendo el riesgo de sobreendeudamiento y asegurando que el proceso sea discutido democráticamente.
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