La Provincia pidió frenar la incorporación de nuevos barcos poteros y alertó por un perjuicio para Mar del Plata

El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó un recurso de reconsideración ante el Consejo Federal Pesquero (CFP) para solicitar la revocación de la Resolución 6/2026, una medida que habilita un proceso para incorporar hasta 18 nuevos buques poteros destinados a la captura de calamar.

La presentación fue encabezada por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien además pidió que se suspendan los efectos de la resolución hasta que existan estudios científicos, técnicos y ambientales que permitan determinar si el aumento del esfuerzo pesquero no comprometerá la sustentabilidad del recurso.

Desde la Provincia cuestionaron tanto la forma en que fue aprobada la iniciativa como su contenido. Según planteó Rodríguez, el proyecto fue incorporado, tratado y votado en una misma reunión del Consejo Federal Pesquero, sin que los integrantes del organismo contaran previamente con toda la documentación necesaria para analizarlo.

Otro de los puntos centrales del reclamo es la falta de estudios específicos sobre el impacto que tendría la incorporación de nuevas embarcaciones en los distintos stocks de calamar del Mar Argentino. El gobierno bonaerense sostuvo que no existen análisis suficientes que permitan evaluar los riesgos para la conservación de la especie ni fundamentos científicos sólidos que justifiquen una ampliación de la capacidad extractiva.

La resolución cuestionada se apoya en un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), que concluyó que un aumento moderado de la flota nacional no pondría en riesgo la sustentabilidad del recurso y permitiría incrementar la participación argentina en una pesquería donde actualmente operan numerosas flotas extranjeras en aguas adyacentes.

La convocatoria está dirigida a empresas con plantas de procesamiento en tierra o con convenios vigentes con establecimientos habilitados. Además, exige que al menos el 20% de las capturas sea reprocesado en territorio nacional y prevé la posibilidad de presentar hasta dos buques por empresa o grupo empresario.

Desde el Consejo Federal Pesquero sostienen que la incorporación de las nuevas embarcaciones podría generar alrededor de 600 puestos de trabajo directos a bordo y un impacto positivo en toda la cadena industrial vinculada al procesamiento de pescado.

Sin embargo, la Provincia advirtió que la medida vulnera el principio precautorio previsto en la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente, que obliga a actuar con prudencia cuando existen incertidumbres científicas sobre posibles daños ambientales.

El reclamo por el impacto en Mar del Plata

Uno de los aspectos que más preocupación genera en Buenos Aires es el sistema de puntuación territorial establecido para adjudicar los nuevos permisos. Según el recurso presentado, el esquema favorece a otras provincias y coloca en desventaja a Mar del Plata, donde se concentra el principal complejo pesquero e industrial del país.

La resolución asigna 30 puntos a los proyectos que desembarquen en Tierra del Fuego, 25 en Santa Cruz, 20 en Chubut, 15 en Río Negro y apenas 10 en Buenos Aires. Para la Provincia, la diferencia carece de fundamentos técnicos o jurídicos y obliga a las empresas bonaerenses a realizar mayores inversiones para competir en igualdad de condiciones.

En ese marco, el gobierno provincial recordó que votó en contra de la iniciativa durante su tratamiento en el CFP y ratificó su rechazo al considerar que afecta la igualdad entre jurisdicciones, perjudica la competitividad del entramado pesquero marplatense y pone en discusión la sustentabilidad de uno de los recursos más importantes del Mar Argentino.

Por eso, en el recurso presentado, Buenos Aires pidió que se deje sin efecto la Resolución 6/2026 o, en su defecto, que se suspenda su aplicación hasta contar con evidencia científica suficiente que garantice la conservación y el aprovechamiento racional del recurso.