Frenan los desalojos en Chapadmalal por una decisión judicial

El Ministerio Público Fiscal consideró que la Justicia Federal es competente para intervenir en el expediente iniciado por el Estado nacional para desalojar a tres emprendimientos comerciales que se desarrollan en el Complejo Turístico Chapadmalal y que, sostiene la demandante, no cuentan con autorización para hacerlo. Sin embargo, el organismo judicial realizó una observación procesal que deberá ser subsanada antes de que la causa pueda avanzar: Nación no acreditó de manera suficiente que los ocupantes hayan sido correctamente notificados de la intimación para abandonar las instalaciones dentro de un plazo de diez días.

El planteo surge del Dictamen N° 2530/2026, firmado por el fiscal federal Daniel Adler, en el marco de uno de los tres expedientes iniciados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), el que corresponde al deslaojo de la Escuela de Surf, tal como había revelado 0223 días atrás. Por tratarse de casos análogos, se espera que la misma decisión se tome en torno a la situación del Café del Lago y La Barraca de Chapa, dos emprendimientos gastronómicos que el gobierno de Milei también quiere desalojar.

El dictamen no se pronuncia sobre la procedencia del desalojo ni sobre el fondo del conflicto, sino que analiza las cuestiones procesales que fueron puestas a consideración del Ministerio Público Fiscal. En ese marco, Adler entendió que el juzgado interviniente resulta competente y que la vía judicial elegida por la parte actora es la que corresponde a la naturaleza de la pretensión.

Pese a ello, el fiscal detectó una cuestión que debe resolverse antes de continuar con el trámite. Entre la documentación presentada por Nación figura un acta de notificación fechada el 17 de abril de 2026, pero, según observó Adler, fue dirigida de manera genérica a “intrusos y/u ocupantes”. El Estado está obligado a notificar previamente a los presuntos ocupantes ilegítimos, quienes tienen la posibilidad de abandonar las instalaciones pacíficamente, sin necesidad de actuación judicial.

El problema, de acuerdo con el dictamen, es que no surge de manera inequívoca cómo fue efectivamente diligenciada esa notificación ni desde qué fecha comenzó a correr el plazo correspondiente para los ocupantes. La precisión no es menor: de ese dato depende que pueda considerarse cumplido el plazo perentorio de diez días previsto en el procedimiento antes de avanzar con la instancia judicial.

Por eso, el Ministerio Público Fiscal consideró que, antes de continuar con la causa, el juzgado debe requerir a Nación que acredite que el acta fue efectivamente diligenciada y que, a partir de esa notificación, transcurrió el plazo de diez días otorgado para el abandono de las instalaciones. En caso de no poder acreditarlo, la Aabe debería dar marcha atrás con el fente judicial y volver a la instancia administrativa, realizando la notificación de desalojo correctamente.

Las demandas de la Aabe

Como adelantó 0223, en julio la Aabe inició tres demandas de desalojo mediante el procedimiento especial de lanzamiento previsto en la Ley 17.091 contra la Escuela de Surf, el Café del Lago y el restaurante La Barraca de Chapa, al sostener que los tres emprendimientos ocupan de manera irregular sectores que forman parte del Complejo Turístico Chapadmalal.

En las presentaciones, el organismo afirma que los responsables de los emprendimientos no cuentan con permiso, autorización, concesión, tenencia precaria ni ningún otro título jurídico que habilite su permanencia y sostiene que esa ocupación impide al Estado ejercer plenamente sus facultades sobre los inmuebles.

La Aabe también argumentó que los espacios se encuentran dentro de un conjunto declarado Monumento Histórico Nacional por el Decreto 784/2013 y que la recuperación de los inmuebles está vinculada con la preservación y puesta en valor del complejo. Antes de recurrir a la Justicia, el organismo asegura haber intimado en abril a los ocupantes para que desalojaran los espacios.

Los tres expedientes tramitan en la Justicia Federal de Mar del Plata: el correspondiente a la Escuela de Surf quedó radicado en el Juzgado Federal N°4, mientras que los del Café del Lago y La Barraca de Chapa tramitan ante el Juzgado Federal N°2.