Una mujer deberá indemnizar con un millón de pesos a una pollería tras escracharla por "sucios" en Facebook
Un tribunal falló contra una mujer que publicó acusaciones sin pruebas en redes sociales, afectando la reputación y las ventas de una pollería local.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una publicación en redes sociales terminó en la Justicia y con una condena económica para una vecina de Dina Huapi, en Río Negro. La mujer deberá indemnizar a los propietarios de una pollería luego de realizar una serie de acusaciones contra el comercio en un grupo de Facebook, donde cuestionó las condiciones de higiene del lugar y los responsabilizó por alimentar animales con restos de pollo.
El conflicto se originó en 2023, cuando la mujer utilizó el grupo “Soy de Dina Huapi” para expresar su malestar por la presencia de aves y gatos en las inmediaciones de su vivienda. En distintas publicaciones, vinculó esa situación con los residuos que, según afirmó, eran arrojados por los responsables de una pollería de la localidad.
“Me queda alertar a los vecinos que andan cerca que se cuiden. No vaya a ser que les caiga algo de la basura de esta gente desagradable encima. Y si así cuidan la higiene, no quiero imaginar cómo elaborarán sus productos”, escribió.
La publicación se viralizó rápidamente entre vecinos y clientes habituales, ocasionando un impacto negativo en la reputación del comercio. Los propietarios, afectados por la caída en las ventas y la desconfianza generada, decidieron presentar una demanda por daños y perjuicios.
El tribunal civil que analizó el caso concluyó que la mujer deberá indemnizar con un millón de pesos a la pollería. En su fallo, destacó que la acusación se hizo sin pruebas y que la libertad de expresión no protege comentarios injuriosos o difamatorios que dañen la imagen de terceros.
Durante el proceso judicial, la mujer planteó había realizado reclamos ante organismos municipales pero en el expediente no se acreditaron sanciones o infracciones contra la pollería relacionadas con cuestiones de higiene o manejo de residuos que respaldaran las acusaciones difundidas públicamente.
Finalmente, el juez Mariano Castro subrayó que el escrache no fue una opinión aislada, sino un mensaje viral que generó un perjuicio concreto, tanto moral como económico. Además, enfatizó en que las redes sociales amplifican el alcance de los mensajes, por lo que quienes publican deben asumir la responsabilidad por sus palabras.
De esta forma, la sentencia estableció que la mujer deberá pagar $500.000 a cada uno de los dos propietarios, alcanzando un total de $1 millón, además de los intereses correspondientes. La Justicia también dispuso que la mujer deberá publicar la sentencia en el mismo grupo de Facebook donde había realizado las acusaciones.
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