Defensoría pide que el Estado garantice un techo a 27 menores que viven bajo líneas de alta tensión

Sin avances concretos para resolver la problemática social que se registra desde hace al menos dos años en las inmediaciones de la Estación Transformadora de Mar del Plata, la Defensoría de Menores solicitó a la Justicia Federal que convoque al Estado municipal, provincial y nacional para avanzar con la relocalización de las familias a las que pertenecen 27 niños, niñas y adolescentes que fueron censados en las viviendas precarias que se instalaron bajo líneas de alta tensión.

La causa la tramita desde comienzos de 2023 el juez federal Alfredo López, donde la concesionaria de la Estación Transformadora, Transba SA, pide el desalojo de las personas que habitan al menos desde 2022 en los terrenos adyacentes ubicados principalmente en el barrio José Hernández y por donde pasan las líneas de 132 kv, 600 veces superior a la energía domiciliaria de 220 v, de la infraestructura asociada a la Interconexión en 500 kv Bahía Blanca – Vivoratá, y desde donde se abastece de electricidad a Mar del Plata. En total, la zona en cuestión abarca un frente de 300 metros sobre calle Carlos Gardel y se extiende por unos 3 km, entre las calles Ortiz de Zárate y San Salvador, y sus proyecciones.

En el marco de las diversas actuaciones resueltas por el magistrado López, semanas atrás se realizó una constatación donde se acreditó la presencia de 27 menores en los predios en cuestión, por lo que se dio intervención al Ministerio Público de Defensa. En ese marco, el miércoles 17 de abril el defensor Manuel Baillieau presentó un escrito donde remarcó que previo a resolver el desalojo, “deberán agotarse los esfuerzos para relocalizar a las familias a las que pertenecen los niños y adolescentes, convocándose a todos los organismos demandados, especialmente el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Capital Humano y la Municipalidad de General Pueyrredon”.

La situación del Instituto de la Vivienda es particularmente llamativa: es que el principal predio donde se asientan las construcciones precarias es de su propiedad, por lo que además es uno de los demandados por Transba SA. Incluso, a fines de 2023 fue declarado en rebeldía por López, ya que nunca contestó la demanda y solo se limitó a contar, en noviembre, que el terreno había sido adquirido para desarrollar un plan de viviendas que luego no prosperó.

“Mis asistidos se encuentran especialmente protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 3, párrafo 1°, funda el principio del interés superior del niño y establece una obligación para los Estados de examinar, en todas las decisiones que se administren relativas al niño, si el interés superior del mismo está garantizado”, remarcó Baillieau.

Además de convocar a los progenitores de los menores involucrados, el defensor remarcó la convocatoria al Instituto de la Vivienda, el Ministerio de Capital Humano de Nación y la Municipalidad de General Pueyrredon para que “arbitren los recursos a su alcance para dar una urgente respuesta habitacional a aquellas familias a cargo de mis representados, que no se encuentren en condiciones de hacerlo por sus propios medios.”

En el caso de la Municipalidad, también figura como una de los codemandadas por Transba SA, lo que fue rechazado por la Comuna asegurando que los predios no son de su propiedad. Además, aseguró que “no cuenta con recursos para abordar la problemática planteada”, ya que el propio juez López en su momento había planteado la necesidad que el Estado resuelva el traslado de las familias. 

Por último, la Defensoría de Menores también solicitó al juez que entiende en la causa la realización de un “amplio informe socio-ambiental” sobre las viviendas, a fin de que se “determine las condiciones socioeconómicas de las familias que tengan hijos menores de edad a cargo, las condiciones de ocupación de dichos inmuebles y se investigue acerca de las posibilidades con las que cuentan para relocalizarse en otras viviendas por sus propios medios”.

Por normativa vigente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), existen las denominadas “franjas de seguridad”, que abarca una zona de 15 metros a cada lado del eje de la línea donde están expresamente prohibidas las edificaciones. Además de la decena de viviendas precarias, en febrero también se constató la existencia de dos canchitas de fútbol donde juegan niños y vecinos del barrio de José Hernández, en una situación que acrecienta los riesgos de una catástrofe.