Piden eliminar abogados externos y revisión de servicios privatizados de la Comuna
1 de Junio de 2006 20:24
Por Redacción 0223
PARA 0223
A través de notas entregadas al intendente Katz y al Concejo Deliberante, la Asociación Sindical de Empleados Municipales (ASEM) solicitó la eliminación del cuerpo de abogados externos y la revisión total de los servicios contratados. "Es el momento histórico de rever todo los trabajos y servicios cedidos a terceros, como la limpieza y la seguridad por mencionar algunos, pero fundamentalmente la penosa privatización que ha hecho el municipio con la incorporación de abogados externos para el inicio de los juicios de apremio, donde el municipio se ve impedido de acordar con sus contribuyentes hasta que sus honorarios sean cancelados en su totalidad, constituyendo un negocio redondo para algunos, pero no para la municipalidad, ni para los vecinos" aseveraron desde el gremio. A través de notas entregadas al intendente Katz y al Concejo Deliberante, la Asociación Sindical de Empleados Municipales (ASEM) solicitó la eliminación del cuerpo de abogados externos y la revisión total de los servicios contratados.
“A los largo del tiempo, las privatizaciones han tomado formas muy diferentes. Así las podemos encontrar disfrazadas bajo la muy diversas e ingeniosas apariencias como ventas de activos, como empresas de propiedad pública, instalaciones e inmuebles, cesión por contrato externo, suspensión de la provisión pública y su reemplazos por servicios privados; transferencia de responsabilidades públicas a organismos privados; planificación, financiamiento y gestión de grandes proyectos de infraestructura al sector privado” comienza la nota firmada por Marcelo Cardoso y Miriam Graciela Fernández Secretario General y Secretario Adjunto respectivamente, de ASEM.
Y remarca que “las privatizaciones han abarcado una amplia gama de servicios públicos, incluidas las empresas manufactureras de propiedad estatal, servicios como los de telecomunicaciones, electricidad, gas y agua, recursos naturales como el petróleo y el carbón, transporte en micros y ferrocarriles, provisión y gestión de viviendas, servicios locales como la recolección de basura y limpieza. Otra forma de la privatización es la cesión de servicios públicos mediante contratación externa, a través de licitaciones que abren un servicio ( o parte de él) a ofertas supuestamente competitivas, que derivan en escándalos de tapas de diario, funcionarios sospechados, procesados e imputados y con graves perjuicios al erario público, en definitiva a la comunidad toda”.
Además, la nota expresa que “en muchas oportunidades, la autoridad pública ha tenido que actuar con escaso margen de libertad y con muy poco tiempo para delinear marcos regulatorios adecuados. Cuando se ceden por contrato los servicios, la razón que se aduce con frecuencia es la economía de costos. Pero esas operaciones requieren costos sustanciales en cuanto a elaborar perfiles de servicios y un estudio de los mismos, preparar especificaciones y documentación del contrato, preparar la licitación interna en la institución, investigar a los contratistas, procesar las ofertas y evaluar la licitación, entrevistas con consultores de empresas y otros asesores, la separación de funciones del cliente y el contratista. Las normas mínimas se convierten en máximas, y queda poco margen para mejorar el servicio. En estas operaciones se separan además la planificación del servicio de su puesta en practica, dificultando mas aun el mejoramiento de la prestación”.
También, desde ASEM se explica que “a contratación muchas veces hace bajar la calidad del servicio, ya que los contratistas procuran incrementar sus ganancias reduciendo los costos, que muchas veces la consiguen con el trabajo en negro de sus operario, mientras que el propio estado que dice luchar contra el mismo, mira sugestivamente hacia otro lado. A medida que más servicios se ceden por contrato, merma la pericia interna de la institución y debilita al máximo la posición de la misma en las negociaciones con el contratista. Finalmente, la contratación externa debilita la capacidad de las entidades públicas de aplicar políticas de igualdad de oportunidades”.
Y agrega que “lo expuesto, se encuentra bastamente documentado a lo largo de las dos últimas décadas Argentina, la pregunta es por que seguir malgastando el erario público, dando las herramientas para supuestos oscuros negocios por parte de presuntos funcionarios corruptos. Nuestra Institución es una entidad comprometida con el trabajador y la sociedad en su conjuntos, y repudiamos cualquier acto de discriminación, abuso, violencia laboral, corrupción, trabajo en negro, prepotencia por parte de las autoridades; y como actores sociales que somos, con tristeza, en los últimos meses hemos sido espectadores de la mediatica película EMDER, basada en engaños, denuncias, contradenuncias, presuntos actos de corrupción, y cuentas no muy claras, que animan o generan especulaciones y sospechas que lo mismo podría estar pasando con los demás servios contratados”.
En tal sentido, desde la Asociación se especifica que “creemos que es el momento histórico de rever todo los trabajos y servicios cedidos a terceros, como la limpieza y la seguridad por mencionar algunos, pero fundamentalmente la penosa privatización que ha hecho el municipio con la incorporación de abogados externos para el inicio de los juicios de apremio, donde el municipio se ve impedido de acordar con sus contribuyentes hasta que sus honorarios sean cancelados en su totalidad, constituyendo un negocio redondo para algunos, pero no para la municipalidad, ni para los vecinos. Creemos que es necesario un Cuerpo de Abogados Permanentes para que los honorarios no sean un obstáculo para el vecino. Seguro que este cuerpo podría autofinanciarse, hacer menos onerosa la deuda para el contribuyente y conseguir un mayor porcentaje de cobrabilidad, ya que muchas veces el vecino no acuerda con la municipalidad por no poder hacer frente a los honorarios de estos profesionales”.
En virtud de todo lo expuesto, ASEM solicita:
-La revisión total, de los servicios contratados y en particular los realizados de manera directa,
-La eliminación del cuerpo de abogados externos,
-La creación de un Cuerpo de abogados permanentes con los mismos fines y objetivos,
AUTOR / FUENTE: www.0223.com.ar
“A los largo del tiempo, las privatizaciones han tomado formas muy diferentes. Así las podemos encontrar disfrazadas bajo la muy diversas e ingeniosas apariencias como ventas de activos, como empresas de propiedad pública, instalaciones e inmuebles, cesión por contrato externo, suspensión de la provisión pública y su reemplazos por servicios privados; transferencia de responsabilidades públicas a organismos privados; planificación, financiamiento y gestión de grandes proyectos de infraestructura al sector privado” comienza la nota firmada por Marcelo Cardoso y Miriam Graciela Fernández Secretario General y Secretario Adjunto respectivamente, de ASEM.
Y remarca que “las privatizaciones han abarcado una amplia gama de servicios públicos, incluidas las empresas manufactureras de propiedad estatal, servicios como los de telecomunicaciones, electricidad, gas y agua, recursos naturales como el petróleo y el carbón, transporte en micros y ferrocarriles, provisión y gestión de viviendas, servicios locales como la recolección de basura y limpieza. Otra forma de la privatización es la cesión de servicios públicos mediante contratación externa, a través de licitaciones que abren un servicio ( o parte de él) a ofertas supuestamente competitivas, que derivan en escándalos de tapas de diario, funcionarios sospechados, procesados e imputados y con graves perjuicios al erario público, en definitiva a la comunidad toda”.
Además, la nota expresa que “en muchas oportunidades, la autoridad pública ha tenido que actuar con escaso margen de libertad y con muy poco tiempo para delinear marcos regulatorios adecuados. Cuando se ceden por contrato los servicios, la razón que se aduce con frecuencia es la economía de costos. Pero esas operaciones requieren costos sustanciales en cuanto a elaborar perfiles de servicios y un estudio de los mismos, preparar especificaciones y documentación del contrato, preparar la licitación interna en la institución, investigar a los contratistas, procesar las ofertas y evaluar la licitación, entrevistas con consultores de empresas y otros asesores, la separación de funciones del cliente y el contratista. Las normas mínimas se convierten en máximas, y queda poco margen para mejorar el servicio. En estas operaciones se separan además la planificación del servicio de su puesta en practica, dificultando mas aun el mejoramiento de la prestación”.
También, desde ASEM se explica que “a contratación muchas veces hace bajar la calidad del servicio, ya que los contratistas procuran incrementar sus ganancias reduciendo los costos, que muchas veces la consiguen con el trabajo en negro de sus operario, mientras que el propio estado que dice luchar contra el mismo, mira sugestivamente hacia otro lado. A medida que más servicios se ceden por contrato, merma la pericia interna de la institución y debilita al máximo la posición de la misma en las negociaciones con el contratista. Finalmente, la contratación externa debilita la capacidad de las entidades públicas de aplicar políticas de igualdad de oportunidades”.
Y agrega que “lo expuesto, se encuentra bastamente documentado a lo largo de las dos últimas décadas Argentina, la pregunta es por que seguir malgastando el erario público, dando las herramientas para supuestos oscuros negocios por parte de presuntos funcionarios corruptos. Nuestra Institución es una entidad comprometida con el trabajador y la sociedad en su conjuntos, y repudiamos cualquier acto de discriminación, abuso, violencia laboral, corrupción, trabajo en negro, prepotencia por parte de las autoridades; y como actores sociales que somos, con tristeza, en los últimos meses hemos sido espectadores de la mediatica película EMDER, basada en engaños, denuncias, contradenuncias, presuntos actos de corrupción, y cuentas no muy claras, que animan o generan especulaciones y sospechas que lo mismo podría estar pasando con los demás servios contratados”.
En tal sentido, desde la Asociación se especifica que “creemos que es el momento histórico de rever todo los trabajos y servicios cedidos a terceros, como la limpieza y la seguridad por mencionar algunos, pero fundamentalmente la penosa privatización que ha hecho el municipio con la incorporación de abogados externos para el inicio de los juicios de apremio, donde el municipio se ve impedido de acordar con sus contribuyentes hasta que sus honorarios sean cancelados en su totalidad, constituyendo un negocio redondo para algunos, pero no para la municipalidad, ni para los vecinos. Creemos que es necesario un Cuerpo de Abogados Permanentes para que los honorarios no sean un obstáculo para el vecino. Seguro que este cuerpo podría autofinanciarse, hacer menos onerosa la deuda para el contribuyente y conseguir un mayor porcentaje de cobrabilidad, ya que muchas veces el vecino no acuerda con la municipalidad por no poder hacer frente a los honorarios de estos profesionales”.
En virtud de todo lo expuesto, ASEM solicita:
-La revisión total, de los servicios contratados y en particular los realizados de manera directa,
-La eliminación del cuerpo de abogados externos,
-La creación de un Cuerpo de abogados permanentes con los mismos fines y objetivos,
AUTOR / FUENTE: www.0223.com.ar
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