Bingo Puerto: Aseguran que la habilitación es un "caso de corrupción"
20 de Agosto de 2007 18:06
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Dr. Daniel Romeo le solicitó al Fiscal General, Fabián Fernández Garello, la revisión de la desestimación de la denuncia formulada por el Fiscal Juan Manuel Pettigiani ante la posibilidad de la existencia de supuestas irregularidades en la habilitación del "Bingo Puerto". En su presentación, el letrado aseguró que la habilitación de la mencionada sala lúdica es un "caso de corrupción". "Los Bingos de Intermar Bingo S.A son inmunes para el eje de fiscalización municipal, pese a que la tercera contratante pertenece al Grupo Codere, 'mezclada' en distintas jurisdicciones en casos de 'coimas' y acciones penales de todo tipo" sentenció. El Dr. Daniel Romeo le solicitó al Fiscal General, Fabián Fernández Garello, la revisión de la desestimación de la denuncia formulada por el Fiscal Juan Manuel Pettigiani ante la posibilidad de la existencia de supuestas irregularidades en la habilitación del “Bingo Puerto”.
El pasado 10 de julio, el fiscal de Delitos Económicos desestimó la denuncia que solicitaba una investigación por el posible delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en torno a la instalación la sala lúdica.
En su presentación ante la Justicia, en el mes de diciembre de 2005, el Dr. Daniel Romeo denunció que la controvertida sala de juego violaba un decreto que establecía que estos establecimientos no pueden instalarse a menos de 300 metros de instituciones educativas, culturales y religiosas.
Según el decreto, para transgredir la norma debe existir un motivo fundado que debe consentir la autoridad competente.
El interventor de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires, Franco La Porta, consideró que la autorización dada por el intendente Katz para emplazar en ese sitio al bingo era suficiente para suponer que no se incumplía el decreto señalado.
Si bien, el fiscal Pettigiani manifestó que el tema debió haber pasado por el Honorable Concejo Deliberante, no consideró que ese hecho sea un delito, sino más un acto de “negligencia”. Se detectaron anomalías administrativas, aunque el fiscal explicó que la “situación lamentablemente va a quedar impune porque no se ha instrumentado la figura del Defensor del Pueblo provincial como rige desde hace más de 12 años la Constitución Provincial”.
RESPONSABILIDADES PENALES
En su reciente presentación, a la cual 0223.com.ar tuvo acceso, el Dr. Romeo manifestó que “la investigación no se sustanció correctamente por el titular de la Vendicta Pública arribando a un grosero error en su resolución, aquí impugnada, sino que no se sustanciaron pruebas para concluir con la ‘desestimación de la denuncia’ cono lo hizo el Dr. Pettigiani, y las producidas merituan más de un procesamiento”.
Y subrayó que “desde ya descarto, la responsabilidad penal que les cabe a funcionarios comunales y provinciales, contingencia que el Sr. Agente Fiscal descarta y minimiza y muy a pesar de que se refiere, para determinados sujetos activos, a un ‘obrar negligente’ o ‘acto administrativo irregular’ o ‘gestiones deficientes’, no enmarca dicha conducta en un contexto cuasi delictual o delictual propiamente dicho, pese a que sus ‘considerandos’ convergen dentro de las previsiones de los artículos 248 y 249 del Código Penal, contingencia que adquiere gravedad institucional al no citar a nadie de los sujetos activos dentro del procesos, a prestar declaraciones, exteriorizando prácticamente una defensa de los funcionarios involucrados, justificándolos, entre otras consideraciones, bajo un ‘error excusable’, el compromiso y como dije de ser ‘funcionarios públicos, conocer la ley y aplicarla a rajatablas’, situaciones que conllevan a impetrar la revisión que por ésta vía intento, ya que de mantenerse el ‘status-quo’ fáctico y jurídico, puede generarse un verdadero caos y dentro de la óptica legal, en dónde podría llegar a apreciarse que ha mediado un proveído ‘político y no jurídico’, presupuestos que no deben mezclarse ya que irrefutable, insisto, responsabilidades penales”.
LOS BINGOS Y LA IMPUNIDAD
El Dr. Romeo afirmó que el intendente Katz “otorgó una autorización de radicación, funcionamiento y habilitación que no podía conceder, ya que el decreto infringido se refiere que el cuerpo con legitimación, era el Honorable Concejo Deliberante. Lo espurio de su accionar alcanza eco también en la habilitación otorgada en donde el giro comercial del Bingo es comprensiva para los rubros: “Juegos de Salón: Lotería Familiar; Bingo; Sala de Bingo; y Juegos electrónicos”. Subrayo este último rubro para acreditar una ‘benevolencia’ con firma Intermar Bingo S.A (del grupo Codere)”.
“Las máquinas tragamonedas operan en forma electrónica, electromecánica y computarizada. Implica ello que de acuerdo a la ‘habilitación’ ni las tragamonedas electromecánicas, electrónicas, ni muchos menos las de video o computarizada pueden funcionar. Más los Bingos, al menos en Mar del Plata tienen impunidad, lo que implica una ‘sospecha’ mayúscula -que comienza con la autorización otorgada entre el intendente e Intermar Bingo SA- del porqué el Jefe Comunal dio su escueto visto bueno” puntualizó el letrado.
Y agregó que “los Bingos de Intermar Bingo S.A son inmunes para el eje de fiscalización municipal, pese a que la tercera contratante pertenece al Grupo Codere, ‘mezclada’ en distintas jurisdicciones en casos de ‘coimas’ y acciones penales de todo tipo. Sorprendentemente, en Mar del Plata y la Provincia de Buenos Aires, sus funcionarios ‘desconocen’ que el representante del pueblo en un municipio es el Honorable Concejo Deliberante. ¿Quizás por ello a quien no le correspondía expedirse -el intendente- le pareció positivo asentar el Bingo en una zona de plena producción como lo es el Puerto?.
LOS BINGOS Y LA CAJA CHICA DE LA POLITICA
En tal sentido, el Dr. Romeo se preguntó: “¿Este es el fundamento por el cual el Bingo se integra naturalmente al sector, brindando servicios...? ¿Qué servicios? ¿de juego, tabaco, alcohol, droga, prostitución, proclividad a delinquir, etc. que conllevan las apuestas justamente en la vecindad de escuelas, iglesias y espacios culturales? Sabemos que el juego compulsivo conlleva a una enfermad incurable denominada ludopatía, consagrada por la Organización Mundial de la Salud y me pregunto, atento a los antecedentes citados y a lo que expongo, ¿dónde se da presupuestos de salubridad y moralidad que requiere una seria habilitación y mucho más en esta zona? ¿Fue ‘menor’ la intervención que le cupo al intendente? ¿O requería verdaderamente un debate parlamentario municipal, serio y adulto, a través del Concejo Deliberante, como lo indica la norma en crisis?”.
Y subrayó que “el espíritu del decreto y su letra misma han sido avasallados, y ello no es ‘negligencia o culpa’. Es intención de beneficiar a la firma explotadora de juegos por apuestas y un interés fiscal, también espurio, en dónde siempre se dijo que el juego era la ‘caja chica’ de la política. ¿Si los justiciables deben ‘conocer la ley’ que responsabilidad les cabe a los ‘funcionarios públicos de alta jerarquía’? ¿Puede decirse que hay ‘error excusable’ en una óptica de evidentes sumatorias de pruebas cargosas? Hubo por parte del intendente un sofisma para evacuar impertinentemente la consulta, sin comprometerse. Había ilegalidad manifiesta, por lo tanto el delito de ‘violación a los deberes de funcionario público’ fragante”.
LOS BINGOS Y LA CORRUPCIÓN
Por último, el Dr. Romeo aseguró que la habilitación del “Bingo Puerto” es un “caso de corrupción” en el contexto de juegos por apuestas. Y recalcó que “lo construido por el Dr. Pettigiani, a quien respeto como funcionario honesto, y por la falta del ‘Defensor del Pueblo’ en la Provincia de Buenos Aires deja en estado de indefensión a la comunidad, a la que el cuerpo de fiscales representa, que por ello modestamente que prevalece el orden público y la seguridad jurídica, por encima de todo presupuestó formal”.
“Acabemos con el ‘amiguismo’ político, o un llamado telefónico de un ‘poderoso’, Justicia...Por ello solicito que se revise el proveído atacado, cese el delito, esto es que se clausure provisoriamente el Bingo Puerto” concluyó el letrado.
AUTOR / FUENTE: Carlos Walker
El pasado 10 de julio, el fiscal de Delitos Económicos desestimó la denuncia que solicitaba una investigación por el posible delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en torno a la instalación la sala lúdica.
En su presentación ante la Justicia, en el mes de diciembre de 2005, el Dr. Daniel Romeo denunció que la controvertida sala de juego violaba un decreto que establecía que estos establecimientos no pueden instalarse a menos de 300 metros de instituciones educativas, culturales y religiosas.
Según el decreto, para transgredir la norma debe existir un motivo fundado que debe consentir la autoridad competente.
El interventor de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires, Franco La Porta, consideró que la autorización dada por el intendente Katz para emplazar en ese sitio al bingo era suficiente para suponer que no se incumplía el decreto señalado.
Si bien, el fiscal Pettigiani manifestó que el tema debió haber pasado por el Honorable Concejo Deliberante, no consideró que ese hecho sea un delito, sino más un acto de “negligencia”. Se detectaron anomalías administrativas, aunque el fiscal explicó que la “situación lamentablemente va a quedar impune porque no se ha instrumentado la figura del Defensor del Pueblo provincial como rige desde hace más de 12 años la Constitución Provincial”.
RESPONSABILIDADES PENALES
En su reciente presentación, a la cual 0223.com.ar tuvo acceso, el Dr. Romeo manifestó que “la investigación no se sustanció correctamente por el titular de la Vendicta Pública arribando a un grosero error en su resolución, aquí impugnada, sino que no se sustanciaron pruebas para concluir con la ‘desestimación de la denuncia’ cono lo hizo el Dr. Pettigiani, y las producidas merituan más de un procesamiento”.
Y subrayó que “desde ya descarto, la responsabilidad penal que les cabe a funcionarios comunales y provinciales, contingencia que el Sr. Agente Fiscal descarta y minimiza y muy a pesar de que se refiere, para determinados sujetos activos, a un ‘obrar negligente’ o ‘acto administrativo irregular’ o ‘gestiones deficientes’, no enmarca dicha conducta en un contexto cuasi delictual o delictual propiamente dicho, pese a que sus ‘considerandos’ convergen dentro de las previsiones de los artículos 248 y 249 del Código Penal, contingencia que adquiere gravedad institucional al no citar a nadie de los sujetos activos dentro del procesos, a prestar declaraciones, exteriorizando prácticamente una defensa de los funcionarios involucrados, justificándolos, entre otras consideraciones, bajo un ‘error excusable’, el compromiso y como dije de ser ‘funcionarios públicos, conocer la ley y aplicarla a rajatablas’, situaciones que conllevan a impetrar la revisión que por ésta vía intento, ya que de mantenerse el ‘status-quo’ fáctico y jurídico, puede generarse un verdadero caos y dentro de la óptica legal, en dónde podría llegar a apreciarse que ha mediado un proveído ‘político y no jurídico’, presupuestos que no deben mezclarse ya que irrefutable, insisto, responsabilidades penales”.
LOS BINGOS Y LA IMPUNIDAD
El Dr. Romeo afirmó que el intendente Katz “otorgó una autorización de radicación, funcionamiento y habilitación que no podía conceder, ya que el decreto infringido se refiere que el cuerpo con legitimación, era el Honorable Concejo Deliberante. Lo espurio de su accionar alcanza eco también en la habilitación otorgada en donde el giro comercial del Bingo es comprensiva para los rubros: “Juegos de Salón: Lotería Familiar; Bingo; Sala de Bingo; y Juegos electrónicos”. Subrayo este último rubro para acreditar una ‘benevolencia’ con firma Intermar Bingo S.A (del grupo Codere)”.
“Las máquinas tragamonedas operan en forma electrónica, electromecánica y computarizada. Implica ello que de acuerdo a la ‘habilitación’ ni las tragamonedas electromecánicas, electrónicas, ni muchos menos las de video o computarizada pueden funcionar. Más los Bingos, al menos en Mar del Plata tienen impunidad, lo que implica una ‘sospecha’ mayúscula -que comienza con la autorización otorgada entre el intendente e Intermar Bingo SA- del porqué el Jefe Comunal dio su escueto visto bueno” puntualizó el letrado.
Y agregó que “los Bingos de Intermar Bingo S.A son inmunes para el eje de fiscalización municipal, pese a que la tercera contratante pertenece al Grupo Codere, ‘mezclada’ en distintas jurisdicciones en casos de ‘coimas’ y acciones penales de todo tipo. Sorprendentemente, en Mar del Plata y la Provincia de Buenos Aires, sus funcionarios ‘desconocen’ que el representante del pueblo en un municipio es el Honorable Concejo Deliberante. ¿Quizás por ello a quien no le correspondía expedirse -el intendente- le pareció positivo asentar el Bingo en una zona de plena producción como lo es el Puerto?.
LOS BINGOS Y LA CAJA CHICA DE LA POLITICA
En tal sentido, el Dr. Romeo se preguntó: “¿Este es el fundamento por el cual el Bingo se integra naturalmente al sector, brindando servicios...? ¿Qué servicios? ¿de juego, tabaco, alcohol, droga, prostitución, proclividad a delinquir, etc. que conllevan las apuestas justamente en la vecindad de escuelas, iglesias y espacios culturales? Sabemos que el juego compulsivo conlleva a una enfermad incurable denominada ludopatía, consagrada por la Organización Mundial de la Salud y me pregunto, atento a los antecedentes citados y a lo que expongo, ¿dónde se da presupuestos de salubridad y moralidad que requiere una seria habilitación y mucho más en esta zona? ¿Fue ‘menor’ la intervención que le cupo al intendente? ¿O requería verdaderamente un debate parlamentario municipal, serio y adulto, a través del Concejo Deliberante, como lo indica la norma en crisis?”.
Y subrayó que “el espíritu del decreto y su letra misma han sido avasallados, y ello no es ‘negligencia o culpa’. Es intención de beneficiar a la firma explotadora de juegos por apuestas y un interés fiscal, también espurio, en dónde siempre se dijo que el juego era la ‘caja chica’ de la política. ¿Si los justiciables deben ‘conocer la ley’ que responsabilidad les cabe a los ‘funcionarios públicos de alta jerarquía’? ¿Puede decirse que hay ‘error excusable’ en una óptica de evidentes sumatorias de pruebas cargosas? Hubo por parte del intendente un sofisma para evacuar impertinentemente la consulta, sin comprometerse. Había ilegalidad manifiesta, por lo tanto el delito de ‘violación a los deberes de funcionario público’ fragante”.
LOS BINGOS Y LA CORRUPCIÓN
Por último, el Dr. Romeo aseguró que la habilitación del “Bingo Puerto” es un “caso de corrupción” en el contexto de juegos por apuestas. Y recalcó que “lo construido por el Dr. Pettigiani, a quien respeto como funcionario honesto, y por la falta del ‘Defensor del Pueblo’ en la Provincia de Buenos Aires deja en estado de indefensión a la comunidad, a la que el cuerpo de fiscales representa, que por ello modestamente que prevalece el orden público y la seguridad jurídica, por encima de todo presupuestó formal”.
“Acabemos con el ‘amiguismo’ político, o un llamado telefónico de un ‘poderoso’, Justicia...Por ello solicito que se revise el proveído atacado, cese el delito, esto es que se clausure provisoriamente el Bingo Puerto” concluyó el letrado.
AUTOR / FUENTE: Carlos Walker
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