Por decreto, Arroyo dispone que la Policía Local pueda custodiar edificios municipales y el predio de basura 

La polémica decisión del municipio de suspender la provisión de combustible a los móviles policiales generó un cortocircuito entre el intendente Carlos Arroyo y el gobierno de la provincia de Buenos Aires.  

Desde el Ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo deslizaron severas críticas al jefe comunal. Además, fuentes consultadas por este diario digital le cuestionan a Arroyo una de las medidas que él más defiende: la multiplicidad de funciones para los efectivos de la Policía Local, especialmente a la hora de hacer multas de tránsito.

A su vez, informaron que había 8 efectivos todos los días para custodiar el palacio comunal, dos de los cuales están exclusivamente apostados en la Secretaría Privada. “Si en la municipalidad de General Pueyrredon necesita de la Policía Local en dependencias de la comuna, que sea por el sistema de policía adicional, que sea pago, para que los policías vayan en franco de servicio”, destacaron.

Mientras tanto, el jefe comunal le apuntó esta semana a la policía por el conflicto que impidió la recolección de basura  durante varios días: "Yo soy el jefe político de la ciudad y la policía no cumple mis órdenes", disparó.

En el marco de esta fuerte polémica con el ministerio de Seguridad provincial, el intendente Arroyo decidió rubricar el reciente decreto Nº 2891 por el cual se asigna a la Policía Local de General Pueyrredon la tarea de de prestación del servicio y cobertura de seguridad en el ámbito  de los edificios municipales y en el predio de disposición final de residuos.  

“Este es un acto que reafirma la autoridad del intendente sobre la Policía Local”, remarcaron desde el gobierno municipal. 

En los fundamentos del decreto, al cual 0223 tuvo acceso, el titular del Ejecutivo local explicó que llevó adelante un “pedido formulado mediante nota de fecha 8 de diciembre de 2017 se requirió la intervención de la Jefatura Departamental de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a los fines de cubrir la seguridad en todos los edificios públicos municipales que custodiaban hasta ese momento la policía local, gestión que resultó a la postre totalmente infructuosa”. 

En ese contexto, Arroyo subrayó que “prueba de ello es la situación sobreviniente en el predio de disposición final de residuos, en cuyo ámbito, durante varias jornadas consecutivas, se registró la falta del servicio mencionado, ello derivó en la imposibilidad material de cumplir con la tarea habitual de descarga de residuos durante varias jornadas poniendo bajo parálisis un servicio público esencial e indelegable del estado”. 

“La prolongación a lo largo de los días del conflicto planteado por la jefatura policial dio origen a la acumulación de bolsas de residuos en las distintas arterias de la ciudad, lo que en definitiva pone en riesgo la salubridad pública y el medio ambiente, afectando la higiene urbana”, denunció el intendente.

En el decreto, Arroyo también citó una batería de normas y antecedentes. “El titular del Departamento Ejecutivo Municipal  posee atribuciones suficientes para dar directivas y asignar tareas especificas dentro de su competencia territorial al personal que se desempeña en la Unidades de Policía de Prevención Local”, consideró el intendente. 

“Ello es así, tanto en lo concerniente a la prestación del servicio y la cobertura de la seguridad en espacios de la vía pública, como en edificios y predios municipales en general, tales como centros de salud, salas asistenciales y predio de disposición municipal de residuos”, concluyó el jefe comunal.