Confirman los procesamientos de 13 imputados en la causa “Tacos Blancos”

Lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones. La organización delictiva –de la que participaban cuatro policías- explotaba sexualmente a mujeres trans y las obligaba a vender drogas.

Uno de los vehículos confiscados por la policía durante múltiples allanamientos realizados en mayo de este año. (Foto 0223)

25 de Agosto de 2017 13:43

Por Redacción 0223

PARA 0223

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó los procesamientos de la organización criminal que captaba personas trans -mayoritariamente en Perú y Ecuador- para luego explotarlas sexualmente en las calles de la zona roja de esta ciudad, en el marco de la denominada causa "Tacos Blancos". Muchas de ellas, además, eran obligadas a vender droga.

En total son trece  las personas procesadas, de las cuales nueve están imputadas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y comercialización de estupefacientes, dos por tenencia ilegal de armas y otras dos por comercio de drogas. Entre los imputados hay cuatro policías que cumplían funciones en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Peligrosas.

Con los votos de los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, se resolvió mantener diez de los trece procesamientos –los tres restantes no fueron apelados por lo que quedan firmes-, que había firmado el juez de primera instancia, Santiago Inchausti, a partir de la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que coordina en el distrito el fiscal general Daniel Adler, y en la que intervino el fiscal federal Nicolás Czizik.

La investigación logró determinar que 23 mujeres trans fueron víctimas de esta organización, que actuaba de manera articulada, sobre dos sectores de la zona roja marplatense. Una de ellas, comprendida por las arterias que enlazan la avenida Luro en forma perpendicular, en particular las calles comprendidas entre Victoriano Montes y Francia. La otra estaba comprendida por la avenida Champagnat y las esquinas de Belgrano, Rivadavia y San Martín, y alrededores. El primer sector estaba liderado por una mujer trans y su pareja; y el segundo por dos personas trans y la pareja de una de ellas.

De acuerdo a la resolución, la organización bajo una distribución de roles y el supuesto propósito de proteger a las mujeres trans que se encontraban en situación de prostitución en la zona, gobernaron su voluntad, las captaron y facilitaron su permanencia en el país y la ciudad, al tiempo que decidían dónde, cómo y cuándo estas personas debían vender sus cuerpos.

Incluso, los imputados se encargaban de trasladar y ubicar a las víctimas en las distintas paradas, prometiéndoles protección y diversos “beneficios” a cambio de una suma de dinero. Además, las sometían al comercio de droga: les daban los estupefacientes que las mujeres vendían luego a ocasionales prostituyentes.

La estructura criminal contaba, a su vez, con la complicidad de eslabones policiales.

Según surge de la causa, la organización desplegaba su accionar en plena vía pública, lo que sería facilitado por la connivencia que miembros de las fuerzas policiales brindarían para que la explotación y venta de droga se realizara. Los cuatro policías que fueron procesados cumplían funciones en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Peligrosas, en la comisaría cuarta con jurisdicción en las zonas de explotación y en el destacamento femenino.

Para la Cámara quedó en evidencia que para que este ardid criminal sea llevado a cabo, los imputados se valían de las condiciones de marginalidad de las integrantes de la comunidad trans, y en estos casos en particular, se suma que se trata de personas en su mayoría de nacionalidad peruana o ecuatoriana, “que se encuentran carentes de arraigo y pertenecen a un grupo social muchas veces discriminado”.