Por los tarifazos, en un año más de 1500 familias se desconectaron de la red de Camuzzi Gas Pampeana

Por las fuertes subas que registró la tarifa del gas, sólo entre marzo de 2017 y el mismo mes de este año –es decir, antes de la devaluación- se desconectaron 1.539 familias de la red, según arroja el último balance de Camuzzi Gas Pampeana. De acuerdo a ese informe, también se produjo una caída del consumo residencial del 4% respecto al consumo registrado durante el mismo período del año anterior, mientras que el despacho de gas realizado exclusivamente a los sectores comerciales y pequeña industria bajó un 1,0%.

El encargado de dar a conocer esos números fue el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, quien evaluó que esto es consecuencia de que “las tarifas son confiscatorias”. Fue en el marco de la 14ª Edición del Congreso Internacional “Gobierno y Servicios Públicos”, que tuvo lugar en Costa Salguero.

Según Martello -que trabaja en el tema desde el organismo que comanda Guido Lorenzino-, los aumentos en las boletas de luz y gas no tuvieron correlato en una mejora sustancial de la calidad de los servicios.

En ese sentido, reparó en situaciones dramáticas a las que debieron llegar numerosos comedores comunitarios, que no tuvieron otra opción que recurrir a la leña para calentar alimentos, y en el caso de jubilados que se endeudan para poder hacer frente a las tarifas.

En relación al servicio de energía eléctrica, Martello dio a conocer estadísticas del ente regulador (ENRE) que dan cuenta del exponencial aumento de las sanciones aplicadas a las dos principales distribuidoras por incumplimientos en pautas establecidas, basadas en el perjuicio económico que le ocasiona al usuario recibir un servicio en condiciones no satisfactorias. Las sanciones en el semestre comprendido desde marzo 2017 a agosto de ese mismo año sumaron $ 213.653.049, mientras que en el semestre siguiente superaron los $367 millones. Es decir, significaron una suba del 71%. A su vez, Edenor y Edesur tienen que pagar resarcimientos extraordinarios por $136.274.460.

“Las propias estadísticas oficiales muestran que, pese a los exorbitantes aumentos de las tarifas, la calidad del servicio no mejoró. De ahí la aplicación de multas que en muchos casos no se terminan pagando porque las distribuidoras apelan y se inicia luego un engorroso camino administrativo. Es decir, las inversiones realizadas por las empresas no se corresponden con lo que efectivamente están recaudando ya que le estarían dando prioridad al pago de dividendos. Sin ir más lejos, en mayo pasado, el directorio de Camuzzi distribuyó dividendos por $563.332.893”, especificó.

En cuanto a la decisión del gobierno nacional de que finalmente el Estado se haga cargo de la compensación a las empresas de servicios por la devaluación, el Defensor del Pueblo adjunto advirtió que las distribuidoras “tienen un colchón de recursos suficientes” y recalcó que afrontar las consecuencias de la modificación del tipo de cambio “forma parte del riesgo empresario”.

“En la Argentina, prácticamente no hay compañías que tengan el nivel de ganancias como las distribuidoras de luz y gas. Camuzzi Gas Pampeana pasó de tener un resultado negativo en el ejercicio de 2016 superior a los $207 millones, a tener un resultado positivo de casi $825 millones en 2017, siendo la distribuidora de gas que más aumentó sus ganancias en el país (496%). En tanto, Camuzzi Gas del Sur cerró el ejercicio 2017 con un resultado positivo de $543 millones. De esta forma, el grupo Camuzzi tuvo un resultado favorable de $1.368 millones el año pasado”, argumentó.

Además, los resultados para el primer semestre de 2018 totalizaron $182,5 millones para Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. El gran salto lo tuvieron durante el segundo trimestre del año, con ganancias totales por $520,8 millones, con un crecimiento interanual del  51%.

“No tenemos que perder de vista la reafirmación de la titularidad estatal del servicio público como medio para garantizar derechos fundamentales y que quienes asumen una parte desproporcionada de los costos de los ajustes suelen ser los grupos más desfavorecidos cuya voz y poder político son escasos, lo que hace invisibles tanto su situación como las consecuencias para sus derechos”, aclaró Martello, quien también insistió en la necesidad de ponderar el rol de las audiencias públicas como forma de ponerle un freno a los aumentos tarifarios indiscriminados.

Por último, ratificó el compromiso de la Defensoría por resguardar los derechos de los usuarios. “Al ser un órgano extrapoder tiene como función defender los derechos individuales y colectivos. El régimen actual de servicio público prevé un eje normativo que pone en el centro al usuario y por ello, al proteger sus derechos, también buscamos garantizar su dignidad como persona humana”, puntualizó.