Abogados penalistas exigieron el respeto a las decisiones judiciales

Un grupo de abogados penalistas que desarrolla su labor en el Departamento Judicial Mar del Plata elaboró un documento a partir del desarrollo del juicio que se realizó en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 y la sentencia por la muerta de Lucía Pérez para defender “la independencia del poder judicial y el respeto de las garantías constitucionales”.

Patricia Perelló, Marcelo Savioli Coll, Facundo Capparelli,  Raúl Ruiz, Sergio Fernández, Alejandro Borawski Chanes, Carolina Ciordia, Gonzalo Pomponio, Lautaro Resua, Cristian Prada, Osvaldo Verdi, Noelia Agüero, Marianela Zafarana, Mariana Fardin, Veronica Ramoncini, Martín Ferrá, Lucas Tornini, Wenceslao Méndez, Hernán Mosquera, Leonardo Lucotti y Martín Bernat entre otros firmaron el documento en el que denunciaron algunas “actitudes intemperantes por ciertos grupos minoritarios de la sociedad”.

“Por más que se proclame que los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial tiene la misma jerarquía, no hay duda de que el poder más débil es el judicial, y sus actos, plasmados en sentencias, son los más sometidos a la crítica y a la descalificación, especialmente en los dictados en el ámbito de la justicia penal”, indicaron.

En el comunicado consensuado sostuvieron que asisten de manera cotidiana “a la descalificación de los fallos judiciales por los sectores que se sienten afectados por los mismos, o por algunos medios de comunicación que toman partido en un sentido determinado, generalmente sin tener una base sólida en la cual asentar sus críticas. Las redes sociales han posibilitado la injuria, la calumnia, la difamación impune y masiva, hasta extremos impensables. Todo este ataque masivo genera, en algunos casos, que los fallos respondan a estos reclamos, y no a las pruebas colectadas en la causa, lo que implica una injusticia notoria”.

“Deseamos resaltar que esta actitud intemperante es llevada a cabo por un grupo minoritario de la sociedad, la mayoría no tiene una actitud prepotente ni violenta. Los jueces deberían ser valientes y soportar estos embates sin dejar de cumplir con las obligaciones que las leyes les imponen, pero esto no siempre sucede. Y no sucede porque frente a los ataques referidos quienes tienen el coraje de cumplir las leyes se encuentran en total soledad, ya que los grupos que manifiestan si bien pueden no ser numerosos, causan un gran clamor, y esto acalla la voz de la razón, la verdad, de la justicia. A esta actitud de los grupos reclamantes, y de los medios de comunicación debemos sumar voces, minoritarias, pero no por ello menos reprochables que desde los otros dos poderes del Estado, y con fines totalmente demagógicos, toman la bandera de dicho reclamo y lo hacen suyo, violando de tal manera, en forma flagrante el principio de la división de los poderes”, agregaron.

Con relación a la sentencia dictada en el juicio por la muerte de Lucía Pérez recordaron que “se realizó un debate al que concurrieron todas las partes - fiscal, acusador privado y defensa- y en el que se produjeron todas las pruebas requeridas por las mismas, no existió una sola disidencia en lo que respecta a las conclusiones médicas de la totalidad de los peritos: la joven falleció por sobredosis de estupefacientes, y que no existió abuso sexual”.

“No obstante ello, determinados sectores se apropiaron de un discurso descalificador, violento, calumnioso, para sostener la hipótesis que al inicio de la causa y en forma temeraria diera a conocer a la prensa la fiscal María Isabel Sánchez, alentada imprudentemente por la inexperta médica de policía Claudia Carrizo. La fiscal mencionada sin tener elemento alguno en qué sustentarse habló de empalamiento inhumano, y esta afirmación quedó absolutamente desvirtuada por todos los médicos que actuaron y que declararon en el juicio”, agregaron.

“Pareciera que cierto público necesita historias truculentas a las cuales a ferrarse y defender en forma total mente irreflexiva, sin considerar que esta agresión, esta irrupción de conductas violentas, lleva a una total relegación de los valores. La independencia del poder judicial, implica el respeto de las garantías constitucionales, el cumplimiento de las reglas de hacer un proceso en forma debida, y la más sagrada de las garantías que pueda existir en un proceso penal: el derecho de defensa”, acotaron.

Para los profesionales la sociedad en su conjunto debe defender a ultranza dichas garantías, porque ante este estado de cosas, “no importa ya si una persona es inocente o culpable, no tiene ninguna trascendencia que no exista prueba alguna que lo incrimine, importa solamente la voluntad de los sectores sociales que griten más fuerte, y que existan jueces timoratos que se hagan eco de esa voluntad, para no ser destrozados públicamente”.

“Si las sentencias las hace dictar a su arbitrio el que es más violento, el que más se hace oír, el que agravia en mayor medida, toda la sociedad habrá perdido derechos irrecuperables. Debemos exigir a las instituciones correspondientes el respeto a las decisiones judiciales, el pronunciamiento público y enérgico en defensa de las garantías constitucionales, y las medidas pertinentes contra quienes atenten contra las mismas, de lo contrario habremos perdido la República que tanto costó recuperar”, concluyeron.