Tras el pedido del Concejo Deliberante, aclaran situación de food trucks en espacios públicos

En la última sesión, el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informes para que el Ejecutivo local brinde explicaciones sobre los  food trucks  que se han instalado en distintos espacios públicos del distrito de General Pueyrredon. 

Ante este requerimiento del cuerpo legislativo, desde el área de Inspección General consideraron que “queda poco claro el cuestionamiento ya que los concejales confunden la implementación de las ordenanzas 22738 y 23525 que en su esencia regulan dos actividades similares pero en forma muy distinta entre sí, lo que denota un análisis escueto de las normas cuestionadas”.

En un informe, elaborado por la dependencia que encabeza Emilio Sucar Grau, se explicó que “del análisis de la ordenanza n° 23525 de food trucks se desprende que los permisos se otorgarán a los interesados que cumplan con los artículos 5, 6 y 10 del anexo 1 de la citada norma, es decir, cuando reúnan las condiciones bromatológicas, de transporte y de seguridad para su funcionamiento, pudiendo comercializarse todo tipo de productos alimenticios”

A su vez, se remarcó que “como bien se indica en el proyecto de comunicación, los permisos que se otorguen en el marco de la ordenanza 23525 de food trucks conceden la posibilidad de ejercer lícitamente la actividad en eventos privados o en eventos masivos en la vía pública, previa autorización del Honorable Concejo Deliberante en el último caso, y sólo mientras dure el evento”.



 



A continuación, se puntualizó que “la ordenanza n° 22738 de módulos cárnicos y decreto reglamentario 2685/16 limita la oferta de productos a hamburguesas de carne vacuna envasadas en origen con número de inscripción de producto y fecha de vencimiento del mismo, lomitos de carne vacuna y chorizos denominados mezcla o de cerdo puro en pan; pero amplía el ejercicio de la actividad pudiendo instalarse los módulos en la vía pública, siempre que reúnan las condiciones bromatológicas, de transporte y de seguridad, en lugares asignados por Inspección General y siempre que no afecte derechos de los vecinos y/o comercios afines del sector”.

“Es en el marco de esta última ordenanza que se ha autorizado a los particulares interesados a la formación de expediente a los fines de dar inicio a la tramitación de los pertinentes permisos, creando el registro público de postulantes”,  se añadió. 

Al mismo tiempo, se manifestó que “al tomar conocimiento de que se estaba trabajando en un proyecto de ordenanza destinado a habilitar los denominados food trucks, y al prever que tendría una conexidad sustancial con los módulos cárnicos, se tomó la determinación de demorar el otorgamiento de permisos hasta la promulgación de la ordenanza de food trucks para evitar las controversias que pudieran suscitarse entre dos actividades que, en definitiva, tienen por objeto autorizar la comercialización de alimentos mediante la utilización de módulos o móviles gastronómicos”.    

Sin embargo, desde Inspección General sostuvieron que “ante la difícil situación económica que atraviesa el país y siendo que Mar del Plata es la ciudad con mayor índice de desempleo, no podemos permitir que quienes invierten en la confección de un módulo para poder procurarse el sustento diario y alimentar a sus familias se quede sin trabajar, máxime cuando éstos reúnen las condiciones bromatológicas, higiénicas y de seguridad para funcionar”. “Nos solidarizamos con quienes han iniciado expediente y han cumplido con las inspecciones de rigor, autorizándolos a ejercer la actividad comercial en la vía pública siempre que no medien denuncias fundadas de vecinos o comercios adyacentes”, se agregó.

No obstante ello, el municipio indicó que “es de nuestro conocimiento la existencia de chulengos en la periferia de la ciudad, y si bien entendemos de las necesidades que atraviesan los ciudadanos, realizamos recorridas frecuentes e infraccionamos a quienes se encuentren ejerciendo esta actividad sin las condiciones higiénicas y bromatológicas mínimas”.

A renglón seguido, desde el Ejecutivo local detallaron que “se ha adoptado la modalidad de ‘prueba piloto’, es decir que se les permite ejercer la actividad con las prohibiciones establecidas en la ordenanza 22738, controlando por nuestra parte el cumplimiento de las condiciones reglamentarias para su funcionamiento y reservándonos la potestad de ordenar una nueva ubicación en caso de denuncias fundadas de vecinos y comercios afines del sector”.

Y precisaron que “actualmente se han iniciado 50 expedientes tendientes a la obtención del permiso municipal, priorizando a quienes se hallan adheridos a la ONG Choripaneros Más Unidos, de los cuales diez se encuentran en estado avanzado en cuanto a presentación de documentación e inspecciones pertinentes”.

“En caso de no reunir las condiciones mencionadas, o cuando no cumpliera con las intimaciones indicadas por los inspectores, se procede a labrar la correspondiente acta de constatación por infracción. Consta en nuestros registros que se han labrado más de 40 actas por infracción a la ordenanza N° 22738. Atendiendo a que no todos son módulos cárnicos con las condiciones indicadas por su ordenanza, se confeccionan gran cantidad de actas por infracción a la ordenanza n° 1457 la cual indica que toda actividad en la vía pública requiere de autorización municipal”, se subrayó en la documentación oficial.

Por otra parte, se aclaró que “es dable destacar que este intendente, demostrando sensibilidad social, ha sido el primero en regularizar en forma fehaciente y concreta una actividad que viene desarrollándose sin control durante la última década, buscando darle un marco legal para que los interesados puedan acceder a un permiso siempre que se cumplan con todas las condiciones higiénicas y sanitarias  para así garantizarle salubridad a los consumidores”



 



“Si los concejales consideran que existe en la ordenanza cuestiones que podrían modificarse para una mejor implementación de la misma, Inspección General no tendría inconvenientes en ser convocada a una mesa de trabajo en la cual podamos aportar el conocimiento adquirido desde el trabajo de campo”, finaliza el informe del área de Inspección General.