El fiscal que llevó a juicio al “motochorro” que mató a la psicóloga pidió por sistemas de supervisión eficaces

“Cuando me enteré que era la misma persona que había sido condenada a una pena alta en ese juicio, me sorprendí”. Así comentó el fiscal Guillermo Nicora la primera sensación que tuvo al conocer el “motochorro” que mató a una psicóloga en Ramos Mejía era la misma persona condenada a ocho años y medio de prisión por un hecho similar en el verano de 2016 en Mar del Plata y solicitó que existan sistemas de supervisión más eficaces.

Nicora llevó adelante la acusación fiscal por la que el Juez Jorge Peralta condenó a Alejandro Miguel Ochoa por el brutal intento de robo que tuvo como víctima a Giovana Ingoglia que sufrió las fracturas de húmero, cúbito y radios derechos que le generaron una discapacidad que subsistía tras un par de operaciones. En ese debate también se condenó al hombre de 55 años por el robo consumado que había cometido bajo la misma modalidad pocos minutos antes y que tuvo como víctima a otra mujer.

El fiscal recordó que cuando llegó a ese juicio Ochoa ya había sido condenado por otros hechos –en su mayoría robos en grado de tentativa- y que era un hecho que venía a hacer la “temporada” con un mismo objetivo: el arrebato de carteras y mochilas a mujeres.

“Recuerdo particularmente el cinismo de Ochoa que cuando la víctima quedó enganchada con la cadena de la moto y no le permitió fugar quiso hacer pasar la situación como un siniestro vial hasta que la víctima gritó que habían intentado asaltarla”, sostuvo.

Sobre la similitud del ataque por el que lo condenaron en la ciudad y el que terminó con la muerte de la psicóloga María Rosa Daglio, el fiscal de Flagrancia señaló que en su momento le reprochó al condenado que debería haberse representado la gravedad en esa modalidad de arrebatos a mujeres. “Entendimos que había una situación de dolo eventual, el no estaba acusado de tentativa de homicidio, pero ese riesgo existió y por eso la pena fue tan alta”, dijo.

Nicora consideró lógica la conmoción que generó el hecho, pero sostuvo que en este caso al menos la Justicia hizo todo lo que tenía que hacer. “Se juzgó, se condenó, se ejecutó la pena de manera correcta hasta que las propias autoridades (del Servicio Penitenciario) dijeron que no tenían como atenderlo”, remarcó.

Para el fiscal no se trata de tener penas más altas, sino de invertir en condiciones para que las cárceles no sean depósitos infrahumanos. “Necesitamos sistemas de supervisión que correspondan, que sean eficaces para que los delincuentes peligrosos estén en la cárcel y los que no tienen hechos graves tengan un correcto control con tratamientos y oficios”, concluyó.