“No hubo estafa, la Justicia ordenó los primeros desalojos hace siete años”

Propiedad de los lotes desde 1982, juicios iniciados en 2010 y sentencias de desalojos que datan del 2016. Esa es la línea de tiempo que trazó el abogado que representa a la firma propietaria de los terrenos del barrio Juramento que derivaron el martes pasado en un operativo finalmente suspendido y que –según adelantó- se harán después de la feria judicial.

El abogado Walter Llona representa a la empresa Marcafón que compró las seis manzanas en 1982 y que nunca hizo venta alguna de los mismos. “Es mentira que haya un nuevo dueño o que un heredero quiso sacarlos. No hay boletos de compra de esos lotes y en su momento avisamos que los juicios estaban en marcha”, señaló.

Llona dijo que los juicios se iniciaron entre 2010 y 2011, que se realizaron dirigencias preliminares con más de 150 mandamientos en el Juzgado Civil y Comercial 14 y que avanzaron en una primera etapa otros 20 juicios en distintos Juzgados.  “Apenas comenzaron esas dirigencias muchas personas negociaron la compra de los terrenos que habían ocupado irregularmente y se llegaron a distintos acuerdos”, explicó.

El profesional desmintió que algunas de las personas hayan comprado esos terrenos hace 31 años y dijo que nada de eso figura en los expedientes. “Pusieron sus abogados, tuvieron acceso, pero no incorporaron ningún boleto o documento a la causa”, explicó.

“Necesitamos aclarar que no hay estafa alguna por parte de los dueños de los lotes, que la Justicia ordenó los desalojos y que ellos ya fueron notificados de todos los plazos legales. Hay más medidas dispuestas que se harán efectivas después de la feria judicial”, concluyó.

El martes pasado un oficial de justicia y personal policial se acercó al barrio Juramento para hacer efectiva la medida dispuesta por la Justicia, pero ante el corte de la avenida Marío Bravo y el reclamo de vecinos que acompañaban a la familia, la misma se postergó.

Ante la presencia de menores de edad en el lugar, en la orden de desalojo emitida se le dio intervención al Centro de Protección de los Derechos del Niño.

A diferencia del planteo que consta en el expediente, la hija de la mujer que iba a ser desalojada planteó que hacía más de tres décadas que la familia compró el terreno y comenzó a edificar en el lugar. Según el relato de la joven, en un principio el nuevo dueño del lugar les solicitó una determinada suma de dólares o dinero en efectivo para no iniciar acciones legales, pero la suma solicitada era inalcanzable para ellos. Entonces comenzó un proceso judicial que desencadenó en la orden de desalojo que la semana pasada llegó al domicilio.