La Cámara Federal ordenó reabrir la causa del "Vacunatorio VIP"

La Cámara Federal ordenó reabrir la investigación archivada del “Vacunatorio Vip”. La decisión dispone que la jueza María Eugenia Capuchetti debe profundizar sobre la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron esa posibilidad e investigar penalmente a todos los que recibieron esas vacunas dentro del ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para esclarecer cómo y por qué llegaron a acceder a la aplicación anticipada de la vacuna contra el coronavirus. También ordenaron investigar las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate.

Según publicó Infobae, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens hicieron lugar al planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que parte de la investigación no quedara archivada y además validaron su legitimidad para actuar en la causa, pese a las protestas de las defensas. La resolución publicada por Infobae estableció  que el orden de prioridades para aplicarse la vacuna no era simultánea para personal de salud, mayores de 60 y personal estratégico y remarcó que las vacunas eran "un bien escaso" que el Estado debía adminsitrar.

 “Será necesario indagar -siguiendo el esquema que la causa trazó tras la decisión aquí revisada- qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”, señala la resolución.

El fallo plantea que los que recibieron las vacunas podrían ser partícipes del delito que se investiga. “Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al sólo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”, dijeron los camaristas.

En esa lista de vacunados VIP aparecen desde el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el periodista Horacio Verbitsky, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el canciller Felipe Solá, el embajador en Brasil Daniel Scioli , el ministro de Defensa Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés. También el x ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos.

Los imputados en marzo pasado por el fiscal del caso Eduardo Taiano fueron el ex ministro González García y su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli. También se imputó a a Alejandro Collia y Marcelo Guillé. Guillé fue secretario privado de González García y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al ministerio de Salud. En tanto, Collia, que era funcionario de González García, continúa -en la gestión de Carla Vizzotti- como subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del ministerio de Salud de la Nación.

El 8 de julio pasado, Capuchetti al afirmar que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Y entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios. Con ese argumento, la jueza había decidido archivar la investigación sobre 65 de las 70 personas que integraban la lista hecha por el gobierno de los que recibieron dosis de la Sputnik V cuando no había una convocatoria abierta.