El HCD consultará al Tribunal de Cuentas por un decreto de Montenegro que modificó una ordenanza

En 2022, el Presupuesto Participativo volvió a ser una realidad en General Pueyrredon luego de su última implementación en 2014, en una política defendida por los principales espacios políticos de la ciudad. Pero el proceso no está exento de polémica, dado que los fondos asignados para su ejecución serían menores a los que corresponderían según la ordenanza que lo regula. Por ello, el Concejo Deliberante resolvió este miércoles pedir un informe al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, para tener certezas sobre la legalidad del decreto reglamentario del intendente Guillermo Montenegro que modificó la partida que se le debe asignar al programa.

En su Artículo 3º, la Ordenanza 25.061 de 2021 que regula el Presupuesto Participativo establece que al mismo se le debe asignar una partida presupuestaria no inferior al 1% del Presupuesto General. Sin embargo, el Decreto Reglamentario 106/22 dispuso que el 1% se debe contabilizar sobre el presupuesto de los recursos no tributarios (principalmente, las tasas que recauda la Municipalidad) y no sobre la totalidad del presupuesto. El cambio fue significativo: bajo el primer criterio, hubieran correspondido 373 millones, pero finalmente se asignaron 147 millones.

“Hay una decisión en el Decreto Reglamentario de cambiar el espíritu de la norma, para incorporar menos recursos de lo que establecía la ordenanza”, se quejó Virginia Sívorí, en el marco de la Comisión de Hacienda realizada este miércoles. “El intendente se está tomando una atribución en el decreto reglamentario que cambia el espíritu de la norma”, expuso, por lo que pidió consultar el Tribunal de Cuentas bonaerense sobre la legalidad del acto administrativo. “Nos tiene que quedar en claro hasta dónde un decreto reglamentario puede cambiar el espíritu de una ordenanza, no solo por este expediente, sino también a futuro”, explicó.

Su postura fue acompañada por Acción Marplatense y Creciendo Juntos, por lo que la moción fue aprobada, frente a la resistencia de Juntos, que solo avaló consultar por lo mismo a la Subsecretaría Legal y Técnica municipal. “No tengo dudas que lo que hicieron lo hicieron mal, sabiendo que lo hacían mal. Tuvieron la intención de otorgar menos del 1% que decía la ordenanza”, agregó Horacio Taccone, presidente del bloque Acción Marplatense. “Es contradictorio cuando el secretario de Hacienda dice que el año que viene se hará de otra manera, es como reconocer que este año lo hicieron mal”, aportó el presidente de la comisión, Alejandro Carrancio (Creciendo Juntos), en referencia al informe presentado por Germán Blanco.

Los contrapuntos expuestos por los concejales del Pro se orientan principalmente a la inconveniencia de sostener una norma donde el cálculo se proyecta sobre la totalidad del presupuesto. “Hay recursos tributarios que deben llegar de Nación y Provincia que se presupuestan, pero sobre los que no hay certezas que vayan a llegar. Por eso no es lo mismo realizar el cálculo sobre el presupuesto general que sobre los recursos no tributarios”, alegó el concejal Agustín Neme, quien alertó sobre las complicaciones en materia presupuestaria que podría generar lo expuesto en la ordenanza. Su compañero Fernando Muro agregó otro dato: esos 147 millones asignados este año al Presupuesto Participativo fueron aprobados por el Concejo Deliberante en el Presupuesto 2022, donde ningún concejal de la oposición propuso un cambio.