Atentado contra Cristina Kirchner: ordenan liberar a los miembros de Revolución Federal

La Cámara Federal de la Justicia porteña ordenó hoy la liberación de los cuatro integrantes de la agrupación Revolución Federal que habían sido detenidos el 20 de octubre por el presunto delito de incitación a la violencia colectiva, al considerar que la investigación no corría riesgo y que no hay elementos para pensar que podrían fugarse, siendo los requisitos excluyentes para la prisión preventiva.

De esta forma, la Sala I del tribunal resolvió liberar a Jonathan Morel, Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, quienes habían sido detenidos a pedido del fiscal Gerardo Pollicita y por orden del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Esto significa que la investigación sigue su curso, solo que los acusados no permanecerán en calidad de presos.

En la última resolución se aclaró que este caso no tendría relación directa con el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Por ahora, los magistrados no encontraron elementos objetivos que permitan vincular ambas investigaciones. Sin embargo, el despliegue de esta agrupación de extrema derecha se dio a conocer de forma masiva después del ataque contra la vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta.

Al momento de hacer las acusaciones por incitación a la violencia colectiva, el fiscal dio “por corroborada la actividad desplegada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile [junto a otros miembros no identificados], y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”.

"Resulta necesario aclarar que la vinculación entre las presentes actuaciones y la causa (por el intento de asesinato de Cristina Kirchner) ya fue rechazada por la Jueza María Eugenia Capuchetti y por la presidencia de esta Cámara y no se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones”, sostienen los fallos que dispusieron las excarcelaciones.

Los jueces dispusieron las libertades atento a que “no existen riesgos procesales suficientes que permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el Juez de grado”, Marcelo Martínez de Giorgi.

El fallo tomó en cuenta que el presunto delito por el que están siendo investigados contempla una pena mínima de tres años de prisión, “lo que eventualmente avalaría una pena de ejecución condicional”. El tribunal valoró también que los imputados “carecen de antecedentes condenatorios” y que tienen domicilios constatados y “arraigo”.

La resolución critica al juez de primera instancia porque “no identifica en concreto cuáles serían los comportamientos obstructivos que podrían asumir en caso de recobrar su libertad”.

Como contrapartida, los camaristas destacaron “la actitud colaborativa asumida” por los imputados, cuya situación procesal aún no ha sido resuelta. El tribunal recomendó, no obstante, “la aplicación de alguna medida que asegure su sujeción al proceso, …siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido”.