Proponen la creación de un plan municipal para favorecer la inserción laboral de personas liberadas

La reincidencia delictiva y las dificultades para la reinserción social de personas liberadas se manifiestan como dos de las grandes problemáticas del sistema penal en el país. De acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), el 18,1% de los detenidos con condena en la provincia son reincidentes, como se conceptualiza a una persona que, tras haber cumplido una condena de prisión por determinado delito, vuelve a cometer a otro.

Con base en esa problemática, el Concejo Deliberante comenzará a debatir en las próximas jornadas un proyecto para la creación del Programa Municipal de Inclusión Socio-laboral para Personas Liberadas, una iniciativa presentada esta semana por el bloque del Frente de Todos con el fin de “contribuir a la disminución de la criminalidad, a la prevención de la reincidencia delictiva a través de la inclusión y reinserción social de aquellas personas que han atravesado situaciones de conflicto con la ley penal en pos de promover una sociedad más justa y segura”.

El objetivo central es promover y diseñar las políticas públicas necesarias a fin de llevar adelante la inclusión socio-laboral de personas tuteladas o liberadas, residentes en General Pueyrredon y que, al momento de comisión del ilícito que motivara la condena, hubiesen tenido su domicilio en el distrito. Entre las iniciativas específicas se destacan la inclusión o inscripción en programas de formación laboral, de asistencia social, deportes, salud y educación; el promover la inclusión socio laboral en el ámbito público y privado, contemplando la generación de acuerdos de la Municipalidad con empresas para la generación de cupos destinados a personas liberadas; y el articular con todas las áreas que componen el Municipio a fin de diseñar políticas públicas específicas para el sector.

"El Estado debe ocupar un rol fundamental evitando que la persona sea estigmatizada", señaló el autor Roberto Gandolfi. Foto: 0223.

De transformarse en ordenanza, la Secretaría de Desarrollo Social será la encargada de la implementación del programa –en articulación con Desarrollo Productivo-, donde se creará un Registro Municipal de Personas Liberadas, donde deberán inscribirse aquellos beneficiarios que quieran incorporarse al programa. Entre los fundamentos del proyecto, su autor Roberto Gandolfi resaltó “la necesidad de establecer políticas públicas municipales en concordancia con normas nacionales y provinciales que garanticen la inclusión socio-laboral y el libre acceso a programas de capacitación y contención de las personas que estén o hayan estado en conflicto con la ley penal y a su grupo familiar”. Además, cuestionó el rol del gobierno local al manifestar “la ausencia de políticas municipales de inclusión socio-laboral para personas liberadas que han tenido conflicto con la ley penal”. En esa línea, indicó que “el Estado debe ocupar un rol fundamental evitando que la persona sea estigmatizada por su pasado brindando una ayuda postcarcelaria real que le permita reinsertarse exitosamente en la sociedad”.

Finalmente, recordó el estancamiento de un proyecto de 2020 por el cual se busca que la Municipalidad adhiera a la Ley Provincial N°14.301, por la cual se establece la obligatoriedad para el Estado Provincial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado, a establecer un cupo mínimo laboral en el ámbito público provincial para personas liberadas que hubieran cumplido más de 5 años de privación de libertad, regulando también incentivos económicos para que dicho cupo sea cumplido en el ámbito privado.