“Que Vera pase una noche con los vecinos para que vea lo que sufren hace 20 años"

El presidente del bloque oficialista Vamos Juntos, Agustín Neme, le respondió al director del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata, Gustavo Vera, luego que judicializará y cuestionara la ordenanza para regular el funcionamiento de la Zona Roja. "Algunos quieren que nada cambie y nosotros con Guillermo Montenegro queremos que los vecinos vivan en paz de una vez por todas", planteó el edil.

"Gustavo Vera tiene un desconocimiento absoluto de la problemática que tiene nuestra ciudad hace más de 20 años. Sería bueno que Gustavo Vera pase una noche con los vecinos para que vea lo que sufren hace más de 20 años. Acá los únicos derechos vulnerados son los de los vecinos que sufren a diario situaciones realmente lamentables”, planteó Neme este viernes, a través de un comunicado.

El concejal del Pro defendió al proyecto aprobado en junio por el Concejo Deliberante bajo la idea “de generar una norma que de una vez por todas ordene esta situación y defienda a los vecinos, incorporando las propuestas del Frente de Todos para los sectores involucrados”.

Asimismo, salió al cruce de las críticas de Vera respecto a que la normativa busca criminalizar a las personas en situación de prostitución. “No hay ninguna criminalización a ningún sector, decir que esto promueve el crimen organizado es una barbaridad. Parece que algunos quieren que nada cambie y nosotros junto al intendente queremos que esta problemática que lleva más de 20 años tenga una respuesta concreta como la que impulsamos y que se aprobó en el Concejo Deliberante en defensa de los vecinos", finalizó el concejal Neme. 

El miércoles, Vera presentó un amparo en la justicia federal marplatense para lograr la suspensión de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que prohíbe la oferta y demanda de sexo en zonas de frentistas con residencia domiciliaria y plantea sanciones para quienes no cumplan con lo dispuesto. 

Para el funcionario nacional, la normativa que promovió el gobierno de Guillermo Montenegro es contraria a la normativa vigente, particularmente las leyes 12331, 26364, y su modificatoria, la Ley 26842, y los artículos 125 bis a 127 del Código Penal, "afectando derechos humanos fundamentales, amparados por convenciones internacionales suscriptas por el Estado Argentino y ratificadas por el Congreso Nacional, muchas de las cuales han sido incorporadas en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional".