No podrán ingresar más personas detenidas ni condenadas al penal 15 de Batán

La Justicia de Mar del Plata prohibió el ingreso de nuevas personas detenidas y condenadas a la Unidad Penal Nº15 de Batán, después de advertir un alarmante grado de sobrepoblación carcelaria y un deterioro “generalizado” en las instalaciones de la cárcel.

La medida fue resuelta por Mariana Irianni, quien está a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de la ciudad, tras una audiencia que se realizó el jueves en el marco de la presentación de un hábeas corpus correctivo.

Al evaluar el “sobrecupo existente y la cantidad de plazas disponibles” en la cárcel, la jueza ordenó cautelarmente “la prohibición de ingreso de nuevos detenidos y/o condenados a la Unidad Penal nº XV de Batán”.

También, según consta en la resolución a la que accedió 0223, prohibió el “ingreso de detenidos que padezcan enfermedades contagiosas o que pongan en peligro la vida de los más de 2000 personas que están alojados y/o laboran diariamente en el predio”.

Irianni no solo estableció estas prohibiciones sino que requirió diferentes medidas. Una de las ellas, por ejemplo, está dirigida al jefe de la unidad penitenciaria para que informe al Juzgado “semanalmente el cupo existente”, con la idea de “ir reduciéndolo paulatinamente sin que puedan ocuparse las vacantes”.

Según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), al 31 de agosto había 1596 internos en el penal de Batán, cuando su capacidad real es para 1106 personas. Un escenario similar se advierte en la otra unidad del complejo, la número 44, donde están alojadas 532 personas cuando su capacidad es para 410.

Inhabitable

La misma jueza fue quien decidió iniciar el 27 de octubre del 2021 de oficio el hábeas corpus después de una recorrida espontánea por las instalaciones de la cárcel. A simple vista, tal como consta en su dictamen, observó gravísimas falencias de infraestructura que evidenciaban un “deterioro generalizado de la estructura y de sus condiciones de habitabilidad”, algo que fue corroborado en un relevamiento técnico que comunicó el 8 de julio pasado la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Por eso, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 también intimó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección Provincial de Política y Gestión Penitenciaria, “para que en un plazo no mayor a treinta días (concretamente, a más tardar el 3 de octubre de 2022), presente un plan de reconstrucción de la Unidad Penal XV, ponderando prioridades, junto a un cronograma de obras”.

En principio, la prohibición de nuevos ingresos al penal se mantendrá vigente hasta tanto se den por satisfechas cada una de estas demandas que elevó la jueza al Gobierno. El 14 de noviembre está previsto que se haga otra audiencia para evaluar el plan de puesta en valor que eventualmente debe presentar el ministerio y “las diversas posibilidades de implementación en orden a los proyectos que se consideren asequibles instrumentar”.