"No hay plata": cuáles son los recortes de Javier Milei

Argentina sufre décadas de problemas estructurales no resueltos y tibiamente encarados. La inflación resulta la consecuencia de nuestros desequilibrios que cada vez se profundizan más. Escasez de dólares y excesivo nivel de gasto o baja recaudación son algunos de los problemas que habitualmente buscan corregirse sin mucho éxito.

El presidente electo Javier Milei y su equipo técnico comenzaron a ejecutar el plan que tiene que ver con reducir el déficit fiscal. Es decir, empezó el ajuste fiscal en Argentina como forma de reducir la inflación. 

Pero ¿Qué es un “ajuste fiscal”? ¿Cuánto gasta el Estado nacional y a qué áreas destina la mayor parte de los recursos? 

Se conoce como “ajuste fiscal” a una medida o un paquete de medidas destinadas a reducir el desequilibrio en las cuentas de un gobierno. Es decir, a terminar con el saldo negativo entre los ingresos de un país y sus gastos. Se deduce rápidamente que se puede reducir gastos, intentar elevar ingresos o mixear ambas variables. 

Lo cierto es que para lograr esto, usualmente se busca la reducción de ciertos gastos del Estado, ya sea a partir de la reducción nominal de las partidas o, como ocurrió en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, a partir de su caída real. Es decir, cuando los gastos aumentan, pero lo hacen por debajo de la inflación. Ahora se encaran una serie de medidas ortodoxas que apuntan a ajustar el gasto, subir impuestos y licuar partidas presupuestarias por alta inflación. 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ajuste fiscal puede ser necesario para conseguir objetivos a más largo plazo, como el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, o para atajar vulnerabilidades fiscales, como la acumulación de la deuda pública. En el corto plazo, el organismo sostiene que “el ajuste fiscal puede contribuir a mitigar el carácter cíclico (recesiones y auges recurrentes), reducir los grandes desequilibrios de la balanza de pagos y contener la inflación".

Sobre el impacto de un ajuste fiscal, un informe de la consultora Ecolatina señaló que “esta primera fase implicará, al menos en el corto plazo, un impacto recesivo sobre la actividad económica”, y así ya se empezó a ver estos primeros días con el fuerte impacto de la suba descontrolada de precios con el objetivo de sincerarlos. En este sentido, se estima una caída del 3% del PBI para 2024, que podría ampliarse hasta el 5%.

Como dijimos, el déficit fiscal es la diferencia que existe entre los ingresos de una administración y sus gastos (asistencia social y salarios, entre otros). Este resultado fiscal se mide de 2 formas: mediante el “resultado financiero” o con el “resultado primario”. El financiero contiene el pago de intereses de deuda, mientras que el primario no los incluye.

Tras su victoria, Milei ratificó la necesidad de un ajuste en las cuentas públicas equivalente al 15% del PBI, que se explica por una baja del 10% del déficit cuasifiscal y el 5% de los gastos de la administración pública.
 
“Esto está a punto de explotar y el desastre que te pueden causar es enorme, y entonces la realidad es que la única forma en que vos podés salir es haciendo un ajuste fiscal monumental”, sostiene habitualmente, y ahora lo hace el vocero Manuel Adorni de forma diaria en las mañanas. 

Otra de las declaraciones más dudosas en este corto tiempo es la promesa de campaña sobre quien paga el ajuste. En este punto, Milei aseveró que “esta vez el ajuste lo va a pagar la política, no la gente. Esta vez lo paga el Estado, no el sector privado”. A la luz de los anuncios, una gran parte de este paquete de urgencia recae en los bolsillos de argentinos de clase baja y media.

¿En qué gasta el Estado nacional?

Durante la campaña electoral, Milei prometió bajar el gasto público en “15 puntos del PBI”. De ello, a través de la reducción de 5 puntos, se propone recortar los gastos en obra pública (al proponer un “sistema de iniciativa privada”), eliminar las transferencias discrecionales a las provincias (recursos girados por el Gobierno nacional por fuera de la coparticipación), reducir fuertemente los subsidios económicos (a la luz y el gas, o al transporte), avanzar en la privatización de las empresas públicas, en la eliminación de las jubilaciones de privilegio y desregular toda la economía.

De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), hasta octubre (último dato disponible), los gastos totales de la Administración nacional ascendieron a $27,5 billones.
 
El gasto más importante son las “Prestaciones de la seguridad social”, que incluyen el pago de jubilaciones y pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se destinaron a este sector $14 billones, más de la mitad del total de gastos.
 
Los gastos se repartieron en jubilaciones ($ 9,4 billones); programas sociales tales como el Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar, entre otros ($ 2,2 billones); la AUH ($ 500 mil millones en la AUH); y las pensiones no contributivas y otras prestaciones.

El segundo gasto en nivel de importancia son los subsidios económicos, a los que se destinaron (en los primeros 10 meses del año) $ 3,1 billones ($ 2,1 billones a la energía; $ 718 mil millones al transporte y el resto a otros subsidios).

En tanto, los gastos en personal ascendieron a $ 2,9 billones; los gastos de capital (es decir, la inversión en obras públicas) representaron $ 2 billones; y las transferencias no automáticas a las provincias (es decir, por fuera del esquema de Coparticipación), demandaron $ 1 billón.

De acuerdo con el análisis de la OPC, este año efectivamente se aplicó un ajuste sobre los gastos del Estado: en los primeros 10 meses del año, las erogaciones cayeron un 4,8% en términos reales. Las principales bajas se dieron en las asignaciones familiares (-28,5%), los subsidios a la energía (-25,8%), los programas sociales (-6,1%) y las jubilaciones (-3,5%). Pero como también hubo una caída de los ingresos (-4%), el déficit aumentó.

Según lo anunciado por el ministro de Economía, la corrección del desequilibrio de las cuentas públicas en un año de más de cinco puntos del Producto como se propone, sería el más agresivo jamás aplicado antes.