La denuncia municipal por el corte de calles se analizará a partir del martes

La decisión de la Municipalidad de realizar una denuncia por el corte de calles que organizaciones sociales llevan adelante desde este lunes en Luro e Hipólito Yrigoyen fue remitida a la fiscalía en turno a cargo de Romina Díaz que tendrá acceso a la misma recién este martes a primera hora.

Fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que la demora obedece a que la denuncia de cinco páginas, con la firma del secretario de Seguridad Rodrigo Goncalvez, se hizo en formato papel en la sede de la comisaría primera. “Podemos confirmar que hay una denuncia presentada, pero que hasta el martes no ingresará como causa a la Unidad Funcional de Instrucción N°6”, señalaron.

Si bien el propio intendente habló de extorsiones, vandalismos o daños, lo cierto es que el planteo que hizo el municipio, se hizo referencia únicamente a la “alteración de la comunicación y el derecho de transitar por el territorio argentino”. El petitorio apunta a que se realicen las medidas de prueba solicitadas para esclarecer los hechos denunciados y los autores de los mismos, además de hacer reserva para ampliar la misma.

“El encuadre dado a la conducta a investigar radica en la consideración del bien jurídico protegido. Este delito pone en peligro el orden social, la seguridad del tránsito y de los medios de transporte, como asimismo vulnera los sentimientos de seguridad y tranquilidad indispensables para el libre y completo desarrollo de las actividades humanas. El objeto de la tutela es el orden público, entendiéndose por tal la seguridad y confianza social”, remarcaron en la exposición.  

La puesta a disposición del personal a cargo de la Secretaria y la tecnología disponible en el Centro Municipal de Operaciones y Monitoreo(COM) que se aclara en la presentación, confirmar el objetivo de identificar a los participantes de la protesta y de la comisión del delito denunciado que tiene una pena en expectativa que va de los tres meses a los dos años de prisión.

“Es una denuncia inicial, no hay un pedido de lanzamiento de vía pública, podríamos decir que es algo pobre y busca dar lugar a una investigación. Entiendo que buscan constatar la continuidad del delito e identificar a quienes lo están cometiendo”, analizó un prestigioso operador judicial consultado por este medio.

En el mismo sentido opinó que la protesta social se judicializa por dos vías posibles: cuando se pide efectivamente un desalojo o cuando ese se lleva a cabo y después se denuncia a quienes lo autorizaron o llevaron adelante. "Aunque el bien jurídico protegido es la seguridad y en la denuncia no hay ningún perjuicio comprobado, se puede inferir un tipo de peligro abstracto que no necesita el daño concreto en sí, sino la amenaza posible", señaló otra abogada del Fuero Penal consultada.