Ley Ricardo: proyecto de reforma busca proteger a las víctimas de delitos viales en la Provincia de Buenos Aires

El pasado 1 de agosto del presente año, Ricardo Sierra (52) fue atropellado por una mujer de 32 años que conducía una camioneta Ford Eco Sport, dejándolo en estado vegetativo. 

A raíz del hecho ocurrido, el pasado miércoles 20 de diciembre, la diputada provincial del PRO Sofía Pomponio presentó un proyecto de reforma al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, el cual busca introducir la figura de la inhabilitación provisoria para conductores involucrados en delitos viales. 

Con respecto a las reformas propuestas, se busca modificar el artículo 56 bis del Código Procesal Penal, estableciendo criterios especiales de archivo para casos en los que la afectación del bien jurídico sea insignificante y la pena máxima del delito imputado no supere los seis años de prisión. 

A su vez, se busca agregar el artículo 168 ter, que establece la posibilidad de solicitar la inhabilitación provisoria de conducir vehículos con motor en casos de delitos cometidos en la conducción de un vehículo o con motivo u ocasión de ella. Dicha medida podrá ser solicitada por el Agente Fiscal y deberá ser admitida si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 146 del código. La inhabilitación provisoria podrá ser impuesta como obligación especial en casos de excarcelación, morigeración de prisión preventiva o alternativas a ésta.

"Con esta reforma, se busca agilizar los procesos legales relacionados con delitos viales y brindar mayor protección a las víctimas. La figura de la inhabilitación provisoria permitirá que el fiscal pueda solicitar la suspensión del carnet de conducir de manera más rápida y efectiva. Además, se establecen requisitos para que el imputado demuestre su aptitud para conducir, como la realización de exámenes médicos que demuestren su estado psicofísico en el momento del hecho" - Sofía Pomponio.

Además, contempla la posibilidad de archivar las actuaciones cuando el daño sufrido por el imputado sea desproporcionado en relación a la aplicación de una pena, a menos que existan razones de seguridad o interés público. También se prevé el archivo cuando la pena en expectativa carezca de relevancia en comparación con otros delitos imputados.

La propuesta incluye la celebración de una audiencia en la que el imputado deberá estar acompañado por su defensor y deberá acreditar haber reparado el daño ocasionado o expresar la posibilidad de hacerlo. Asimismo, se establece que el archivo deberá estar debidamente motivado y podrá estar sujeto a condiciones, como la obligación de abstenerse de ejercer determinadas actividades en caso de delitos reprimidos con pena de inhabilitación.