Ley Ómnibus: en contra de los jubilados, el turismo, las minorías y reprimiendo el derecho a la huelga

El Gobierno de Javier Milei envió el último miércoles al Congreso de la Nación la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos. Qué busca modificar y a quiénes perjudican estas medidas.

Fuerte reducción del financiamiento al cine, teatro y música

El proyecto de ley enviado al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional incluye, entre otras cosas, una fuerte reducción del financiamiento a las políticas de fomento al cine, dispone el cierre del Instituto Nacional del Teatro y también una modificación del sistema de asignación de recursos del Instituto Nacional de la Música.

Propone la eliminación del financiamiento que el Incaa obtiene actualmente a través del Ente Nacional de Comunicaciones por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de sus principales fuentes de recursos.

Asimismo, modifica la estructura funcional del Incaa (reestructura las funciones de la Asamblea y el Consejo Asesor), no sólo no amplía la base de tributación sino que elimina esta fuente de financiamiento.

Por otra parte, plantea la derogación de la Ley 24.800, de 1997, que regula la actividad teatral y garantiza "el apoyo del Estado". La norma, de fomento y financiamiento de la actividad teatral con fondos del área de Cultura, creó el Instituto Nacional del Teatro, que desaparece en el nuevo texto postulado.

También el proyecto de ley avanza sobre el financiamiento del Instituto Nacional de la Música (Inamu), creado en 2012 a través de la Ley 26.801. "Los fondos destinados al Inamu serán propuestos y asignados por la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo que en el futuro la reemplace, dentro del Presupuesto General de la Nación", menciona el artículo 25.

Impulsa además a derogar la creación del Fondo Nacional de las Artes (FNA), creado por el decreto-ley 1224 en 1958. El artículo 50 establece que el Poder Ejecutivo "procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo de la derogación prevista en el artículo anterior".

Aumento de penas para las reuniones de "tres o más personas"

El capítulo I de Seguridad Interior dice que "será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses" quien "sin crear una situación de peligro común impidiere, estorbare o entorpeciere" el espacio público. 

La pena para quienes organicen "una reunión o manifestación" que corte el tránsito "serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación".

También se agrega que para quien porte un "arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión".

Como si eso fuera poco, incorpora que quienes "organicen o coordinen una reunión o manifestación" que corte el tránsito "serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe".

Eliminación el Inadi

Mediante este proyecto, el Gobierno prevé la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), un organismo creado en 1994 por el entonces presidente Carlos Menem, luego de perpetrarse los atentados a la comunidad judía en la Argentina.

Vale destacar que este organismo tiene como objetivo elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo.

Arancel a universitarios extranjeros y examen censal a estudiantes secundarios

El documento enviado al Congreso, establece que se podrá tomar un "examen censal obligatorio" a todos los estudiantes de educación secundaria "al finalizar sus estudios", para medir los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas.

También, en materia de educación superior, propone que "las instituciones de gestión estatal y las universidades nacionales podrán establecer aranceles" para extranjeros no residentes, además de la "evaluación periódica" de los docentes.

Suprimir al turismo como un "derecho social" y promover inversiones privadas

En este caso, el proyecto pretende suprimir la caracterización del turismo como "un derecho social y económico" de las personas y la obligación del Estado nacional de "elaborar obras públicas turísticas", y se propone "impulsar e incentivar las inversiones privadas", tanto de capitales nacionales como extranjeros, en el sector.