Para el fiscal, los terrenos se usurparon con “violencia y amenazas”: "No llames a la tele porque les quemamos las casas"

El fiscal Juan Pablo Lódola pidió el desalojo del predio ocupado la semana anterior en el barrio Las Heras, luego del fracaso de la audiencia de mediación, y en su escrito dio por zanjado un debate sobre si la acción de los vecinos que buscan tener un techo propio conforma un delito penal o no. Para el fiscal, los ocupantes ingresaron a los terrenos a través de “violencia y amenazas” y planteó que el accionar se encuadra en el delito de usurpación y no en una toma pacífica.

En el escrito que se conoció este lunes, luego del fracaso de la audiencia de mediación, el fiscal sostuvo que  los elementos reunidos le permiten calificar a los hechos con el delito de usurpación de propiedad de inmueble.

En ese sentido, precisó que entre el martes 14 y el jueves 16 de marzo “un grupo de 94 personas” retiró los carteles de venta de los lotes y luego ocupó los terrenos ubicados en Mac Gaul, Fortunato de la Plaza y Tetamanti. Comenzaron a delimitarlos con cables, alambres y palos y, cita el fiscal, amenazaron a vecinos de la zona que se acercaron para advertir que radicarían la denuncia. “No llames a la tele porque les vamos a quemar las casas”, dijo uno de los vecinos de la zona al fiscal. Y agregó que luego comenzaron a efectuar disparos al aire.

El fiscal remarcó que esto quedó comprobado a partir de las declaraciones de distintos vecinos e incluso de los propios dueños de los terrenos.

A su vez, Lódola valoró que una de las propietarias confirmó que le había encargado la venta de sus lotes a una inmobiliaria, que colocó carteles de gran dimensión para informar que se encontraba a la venta. En tanto, otro de los dueños que había autorizado a una empresa constructora a realizar movimientos de tierra en el predio con maquinaria pesada.

“Es decir que ambos propietarios, además de acreditar su carácter de titulares de dominio de los lotes de terreno cuestionados, también se ha comprobado que ejercían la posesión efectiva y pacífica a través de terceras personas, inmobiliaria y empresa constructora –respectivamente-", plantea el representante del Ministerio Público.

En ese marco, el fiscal solicitó a la justicia de Garantías que autorice el desalojo del predio con el cumplimiento de determinadas condiciones.