Nación busca frenar la apertura de cinco universidades y deja sin efecto designación de autoridades

El gobierno busca ganar tiempo para evitar la apertura de las cinco universidades creadas en septiembre de 2023, por lo que la Secretaría de Educación decidió establecer un proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas, donde ya dejó sin efecto la designación de sus autoridades.

Así lo informaron a Télam fuentes del área, al señalar que el texto de la resolución, que todavía no fue publicada en el Boletín Oficial, establece "el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas instituciones universitarias nacionales creadas por las Leyes 27.727, 27.728, 27.729, 27.730 y 27.731 con el fin de determinar el efectivo cumplimiento del procedimiento para su creación y funcionamiento objetivo".

El 28 de septiembre de 2023 el Senado de la Nación había sancionado la creación de las universidades nacionales de Pilar, del Delta y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires; de Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. El texto además deja sin efecto "las Resoluciones Ministeriales 2534/23, 2574/23, 2575/23, 2576/23 y 2685/23, todas del ex Ministerio de Educación", que designaban a los rectores organizadores de cada uno de esos centros de estudios.

En los fundamentos, la resolución señala que la decisión atiende a "evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y de garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida, resulta necesaria la adopción de medidas tendientes a revisar el inicio de actividades académicas de las Casas de Altos Estudios antes mencionadas, para determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido".

El texto también indicó que la revisión busca comprobar "si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y se encuentren debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa".

La diputada nacional Marcela Pagano celebró la noticia en la red social X y tuiteó: "Lo prometido: devolverle a los argentinos la educación de calidad, administrar con sumo cuidado los fondos vinculados a las Universidades, impedir la utilización de esos fondos para financiar a políticos. Excelente decisión de (el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez) @AleCiroAlvarez y la ministra (de Capital Humano, Sandra) Pettovello".

Como contrapartida, la diputada nacional Gabriela Brower de Koenig (UCR), oriunda de Río Tercero, expresó: “Nos encontramos ante una resolución ministerial que no puede dejar sin efecto el cumplimiento de una ley del Congreso. Vulnera la división de poderes y uno de los pilares del sistema constitucional: la jerarquía entre cuerpos normativos”.

Por su parte, la también cordobesa Gabriela Estévez, de Unión por la Patria, señaló en sus redes sociales: "Esta decisión representa un nuevo ataque a la educación pública y a Córdoba, especialmente, a la comunidad de Río Tercero que luchó por la creación de la Universidad como una medida de reparación por el atentado a la Fábrica Militar de 1995”.

Las iniciativas que dieron impulso a la creación de las universidades nacionales Del Delta, de Pilar, de Ezeiza, de Madres de Plaza de Mayo y de Río Tercero hacen hincapié en vincular los planes de estudio de esas cinco instituciones con la realidad socioeconómica y productiva de cada lugar, acercando la formación de grado a más personas.