Aprueban ordenanza para prevenir y combatir el abuso sexual en el transporte público: la votaron todos menos La Libertad Avanza

El acoso y hasta abuso sexual en el transporte público es una problemática a la que permanentemente están expuestas las mujeres, adolescentes y niñas. Prácticas como los roces y tocamientos durante décadas fueron naturalizadas, justificadas y hasta celebradas como idiosincráticas de la picardía del macho argentino, hasta que en el último tiempo el movimiento de mujeres logró poner en crisis este tipo de situaciones.

En el camino de promover políticas públicas en contra del acoso y abuso sexual, este jueves el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que establece la obligatoriedad de instalar en los colectivos cartelería que describa conductas de violencia de género y/o acoso, conjuntamente con la información de los espacios a los que pueden recurrir las víctimas para recibir asistencia y denunciar, ya sean oficinas municipales y provinciales.

Pero una política pública tan elemental como acompañar a las víctimas de delitos sexuales sigue generando la resistencia de un sector de la dirigencia en Argentina y, en este caso, de Mar del Plata. Es que la ordenanza fue votada a favor por todos los bloques a excepción de La Libertad Avanza. En silencio y sin explicar el por qué, los concejales Cecilia Martínez y Emiliano Recalt se abstuvieron al momento de la votación.

Ambos tienen proyección de crecer en lo inmediato en su carrera política: Martínez es la segunda candidata a senadora provincial en la lista de La Libertad Avanza que encabeza el intendente Guillermo Montenegro, mientras que Recalt se posiciona como potencial presidente del Concejo Deliberante desde diciembre, cuando asuman los concejales electos y el bloque libertario sume volumen.

La ordenanza sancionada establece que “deberá expresar gráficamente la identificación de las conductas consideradas violentas, la promoción de herramientas de detección temprana y la información detallada de las oficinas municipales y/o provinciales donde recurrir en caso de sufrir alguna de estas acciones por parte de otro usuario”.

A la medida podrán sumarse voluntariamente taxis y remises, según la voluntad de sus titulares, mientras que será obligatoria en micros. Eso sí, la implementación no será inmediata, ya que se hará de la mano de la aprobación del nuevo pliego del servicio de transporte público, cuyo contrato vigente que vence en los próximos meses.

El proyecto fue presentado el año pasado por la UCR y durante este tiempo sumó aportes de las áreas de Género y Transporte del gobierno de Montenegro, como así también de otros bloques legislativos. “Es preocupante la gran cantidad de casos que surgen en el transporte público, creemos que esta carterlería puede ser de gran utilidad no solo para prevenir sino también para que, si suceden, las víctimas tengan en claro dónde acercarse y hacer las denuncias correspondientes”, sintetizó el Ricardo Liceaga Viñas el espíritu de la nueva ordenanza.