Taxistas demandaron a las apps por competencia desleal: piden una millonaria suma

Un grupo de ocho taxistas de Mar del Plata presentó una demanda civil contra Uber, DiDi y Cabify en la que reclama una indemnización que, en conjunto, supera los $848 millones. La acción judicial sostiene que las plataformas de transporte operan en el partido de General Pueyrredon sin habilitación municipal y que esa situación les provocó pérdidas económicas, daños psicológicos y una fuerte depreciación del valor de las licencias de taxi.

En el escrito, los demandantes afirman que cumplen con todas las exigencias establecidas por la Municipalidad para prestar el servicio de taxi, mientras que las aplicaciones funcionan en infracción a la Ordenanza 23.928, que desde 2019 prohíbe la utilización de plataformas de transporte de pasajeros que carezcan de autorización municipal.

Según plantean, desde 2020 comenzaron a advertir la presencia creciente de conductores que operaban mediante aplicaciones, lo que derivó en una disminución de los viajes y, en consecuencia, de sus ingresos. A partir de ello sostienen que existe una situación de competencia desleal que generó perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales.

La demanda incluye distintos rubros indemnizatorios. Por daño moral, cada uno de los taxistas reclama $10 millones; por daño psicológico, $1 millón; y por lucro cesante, otros $15 millones. Sin embargo, el monto más importante corresponde al reclamo por la pérdida de valor de las licencias de taxi, concepto por el cual solicitan $80 millones para cada titular, totalizando $106 por cada uno de los ocho demandantes, por un total de $848 millones, sin contemplar intereses.

En el escrito, los actores sostienen que la irrupción de las aplicaciones provocó una caída significativa del valor económico de las licencias respecto de los niveles que tenían antes de 2019. Argumentan que ese activo constituye parte del patrimonio comercial de los taxistas y que la presunta actividad ilegal de las plataformas afectó directamente su cotización.

Además de la indemnización económica, los demandantes solicitan que la Justicia ordene a Uber, DiDi y Cabify cesar sus operaciones en General Pueyrredon mientras no cuenten con habilitación municipal. También plantean la inconstitucionalidad de artículos de la Ley de Convertibilidad para que los montos reclamados puedan ser actualizados por inflación y piden que los intereses se calculen con la tasa activa del Banco Provincia.

La demanda fue presentada a comienzos de mayo y rápidamente llegó a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, aunque por una cuestión de competencia. Es que tanto el Juzgado Civil y Comercial N°11, donde se radicó la causa, como el Juzgado Contencioso Administrativo N°12 se declararon incompetentes, por lo que el máximo tribunal bonaerense deberá resolver a qué juzgado le corresponde llevar adelante el expediente.