La Justicia estableció igualdad entre taxistas y apps: los conductores deberán contar con licencia profesional

La disputa judicial por el funcionamiento de las aplicaciones de transporte sumó un nuevo capítulo en la Ciudad de Buenos Aires. Un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña resolvió que los conductores de plataformas como Uber , Cabify y DiDi deberán cumplir con requisitos similares a los exigidos para taxis y remises, entre ellos la obtención de una licencia profesional y la contratación de seguros específicos.

La sentencia, impulsada por una demanda del Sindicato de Peones de Taxis, consideró que existe una “omisión ilegítima” por parte del Gobierno porteño al permitir durante años el funcionamiento de estas plataformas sin controles y condiciones equivalentes a los que afronta el transporte tradicional. Según el tribunal, las aplicaciones no pueden ser consideradas solamente intermediarias tecnológicas, sino que en los hechos prestan un servicio de transporte de pasajeros.

A partir de esta interpretación, la Justicia dispuso que, mientras no exista una regulación específica para el sector, los choferes de aplicaciones deberán contar con licencia profesional, seguros para pasajeros y conductores, cobertura de responsabilidad civil y otras condiciones vinculadas a la seguridad vial.

El fallo también apuntó contra la desigualdad regulatoria entre las plataformas y los taxistas, quienes sí deben afrontar habilitaciones, controles y costos específicos para poder trabajar. En ese sentido, la resolución ordenó al Gobierno de la Ciudad avanzar con controles y medidas regulatorias sobre las aplicaciones.

"El demandado, además de las contradicciones antes descriptas y a diez años de que las plataformas ejercen la actividad de transporte en la Ciudad, mantuvo una anomia voluntaria respecto a su funcionamiento; omitiendo establecer cómo y con qué condiciones de seguridad compatibles con la regulación vigente en materia de transporte de personas debía prestarse el servicio mientras no haya una norma específica que regule la actividad desplegada por las plataformas", plantearon los camaristas de la Sala II.

Por esto mismo, al advertir un desequilibrio, estableció que hasta en tanto no hay una normativa que equipare, el gobierno porteño no podrá cobrar aranceles por trámites locales a taxistas, como la renovación de licencias o transferencias.

Además, la Cámara dispuso que la administración porteña deberá impulsar actuaciones tributarias vinculadas a las plataformas digitales. En concreto, Caba deberá iniciar los procedimientos administrativos para el cobro de Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las apps, ya que hoy no están inscriptas ni pagan impuestos locales.

Complementariamente, deberá realizar campañas informativas para advertir a los usuarios sobre los riesgos de utilizar servicios que no estén debidamente regulados.

La decisión judicial representa un revés para las plataformas de transporte, que históricamente sostuvieron que su actividad era legal y que funcionaban como herramientas tecnológicas de intermediación. De hecho, en años anteriores distintos fallos habían considerado lícita la actividad de Uber en la Ciudad de Buenos Aires.