La arena de los médanos vuela en Pinamar y otra vez destapa anomalías

Un informe televisivo dejó al descubierto irregularidades por parte del gobierno de Hernán Muriale. Un entramado de vínculos muy particulares y negocios millonarios a orillas del mar.

18 de Agosto de 2014 08:28

Allá por julio de 2012 el Concejo Deliberante de Pinamar destituía al intendente Blas Altieri al encontrarlo culpable de 31 cargos por irregularidades en su gestión. Un informe de CQC lo había dejado expuesto e iniciaba desde ese entonces un proceso de serios cuestionamientos políticos que desembocaron en su traumática salida del Ejecutivo. A Altieri lo sustituyó Hernán Muriale, sobre el cual recayó una nueva investigación dos años después por parte del mismo programa de tv. Al actual jefe comunal -que ya tuvo inconvenientes judiciales- se lo halla vinculado por estos días a un negocio inmobiliario sobre la costa piramarense que obvió ciertos parámetros ambientales y esconde, según oposición y diversas asociaciones, muchos intereses económicos futuros.

El problema se inició con la apertura irregular de una calle lindera al frente marítimo que trajo consigo otros detalles secundarios muy particulares respecto a un fideicomiso conformado por cuatro personas: Gonzalo Ugartemendia, hijo de un funcionario de la Secretaría de Planeamiento municipal, Silvia Agostini, la mujer de Juan Santoiani, Director de Acción Social, Francisco Javier Altieri, hijo del ex intendente y, por si fuera poco, con un último integrante en protagónico de la esposa de Muriale, Paula Ritbaldo.

El pedido de habilitación de la calle lo realizó el grupo de trabajo del estudio de la Ingeniera Mabel Dolhare con el fin de que la nueva arteria de tránsito llegara hasta un terreno en donde se desarrolla la construcción de un edificio de departamentos. Según Muriale, su esposa aportó el lote al fideicomiso del que justamente es parte. Al respecto del rédito que dejará la operación inmobiliaria, el intendente le confirmó al periodista Gonzalo Rodríguez que el pago se realizará “en seis unidades departamentales, que son para repartir entre un montón, lo que es cambiar por metros cuadrados, que está acordado de manera anterior”.

Sin embargo, la apertura de esa calle se resolvió de modo irregular. Aunque como dice el jefe comunal, “nunca se usa el estudio de impacto ambiental para abrir una calle”; el procedimiento por ordenanza municipal indica que el pedido inicial para llevar adelante ese tipo de obras debe llegar a la dependencia del área de Ecología, dirigida actualmente por Daniel Lamas.

Según quedó en evidencia, la polémica habilitación resultó aprobada directamente por Juan Alberto Morales, Secretario de Servicios Urbanos de Pinamar y superior del área de Ecología. El funcionario, -que tiempo atrás ocupó indebidamente una de las viviendas sociales que la gobernación provincial había construido en Pinamar-, aseguró, sin tapujos: “Es común que se abra la calle y luego se pida el informe a Ecología”. Morales solicitó el registro ambiental el 21 de julio, pero ya había ordenado abrir la calle dos semanas antes, con la obra de construcción en plena ejecución. “No modificamos altimetría, lo que hicimos lo hicimos bien, a conciencia; por usos y costumbres se abre la calle cuando un contribuyente lo pide” se excusó.

Al respecto del incumplimiento de este reglamento municipal, Alberto Canissa, Secretario de Planeamiento de Obras y Proyectos, no evadió el asunto: “Una ordenanza no la puede violar nadie, ni siquiera el intendente”.

Los reclamos vecinales en torno al daño ambiental no tardaron en llegar y Lucas Ventoso, concejal de UCR, tomó la posta. “El terreno es estratégico, está ubicado de manera formidable y lindante con el frente costero, en la última zona libre cercana a los médanos en la que se pueden realizar emprendimientos inmobiliarios. Por si fuera poco, tienen la opción de construir un balneario propio en frente” explicó el legislador.

De acuerdo a Ventoso se han podido observar “centenares” de camiones desplazando la arena extraída. “Eso no tiene reparación ambiental e incluso afectará a las napas de agua, porque la napa depende de la altimetría del médano, cuando el médano es barrido se elimina la protección del agua y ese es un tema muy importante porque el agua justamente es indispensable para cualquier desarrollo urbanístico”.

Por si fuera poco, los detalles de los vínculos comerciales no recaen sólo en los mencionados cuatro familiares de las respectivas autoridades y ex funcionarios de Pinamar. Entre los integrantes de ese fideicomiso figura el empresario Mayola, propietario de un corralón de la zona que recibió parte de la arena extraída del terreno y comercializó su venta.

A su turno, el titular de Ecología, Daniel Lamas, reconoció que cuando el proyecto de apertura de la calle llegó a su dependencia de manera tardía, hubo que realizar una “remediación”: “Vimos que no era necesario hacer una calle de 20 metros y entonces la achicamos a la mitad”. En paralelo, aclaró que también se inició un proceso de “reforestación y recuperación del médano que se sacó” con la instauración de algunos ejemplares de acacias, una planta que ayuda en la fijación de los médanos. En esa línea, minimizó el daño: “Una acacia es la que más rápido crece. En un año ese terreno estará igual”. Ventoso, al respecto, retrucó: “colocaron ridículamente tres o cuatro plantitas”.

Mientras que para Juan Alberto Morales, el Secretario de Servicio Urbanos, directamente “el médano no fue tocado”; para muchos vecinos el municipio rompió claramente uno de los pocos cordones medanosos que quedan dentro del casco urbano de Pinamar. El concejal de la UCR resumió, a su modo, otro desempeño polémico de los funcionarios: “están curados de impunidad”.

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