La Justicia federal pide que se investigue la licitación del centro de monitoreo

Lo reclamó el fiscal Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Juan Manuel Pettigiani, tras las denuncias de corrupción que lanzó el exsecretario de seguridad, Julio Razona.

21 de Diciembre de 2015 15:15

Cuando apenas había cumplido su primera semana en el cargo, el abogado penalista Julio Razona renunció al cargo de secretario de Seguridad del municipio del Partido de General Pueyrredon. "Tomé la decisión de renunciar porque la dignidad no se negocia", dijo Razona como primera explicación de su sorpresiva postura. Antes, una colaboradora suya había asegurado que la secretaría de Seguridad que heredaron era "un nido de corrupción"

El exsecretario no se habría sentido respaldado en planteos tanto para reformular el área como para cuestionar posibles hechos de corrupción que involucrarían al gobierno de Gustavo Pulti. Sin embargo, el intendente Carlos Arroyo ordenó realizar una auditoría en el área antes de la dimisión del letrado a su cargo. 

Este lunes, el fiscal Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, realizó una presentación en los Tribunales marplatenses para que la Justicia bonaerense investigue las graves denuncias del exfuncionario de Arroyo. También, el concejal de Acción Marplatense, Héctor Rosso requirió una investigación judicial ante las denuncias de corrupción que involucran al anterior gobierno municipal. 

“Los hechos denunciados por Razona, permiten presumir, en caso de constatarse a partir de la apertura y profundización de la investigación que se incoa, la comisión  de hechos ilícitos, los cuales quedarían subsumidos en los delitos de Administración fraudulenta, Defraudación en perjuicio de la Administración Publica, Incumplimiento de los deberes de funcionario público y Malversación de Caudales Públicos”, afirmó el exfiscal de Delitos Económicos

En la documentación, a la cual este diario digital tuvo acceso, Pettigiani pidió que se investiguen los siguientes posibles hechos de corrupción en el gobierno de Gustavo Pulti.

-El alquiler por parte del municipio de General Pueyrredon del predio donde funciona el Centro de Operaciones y Monitoreo por un plazo de 10 años a un tercero, persona que no resultaría el titular de dominio del predio sito en calle Juan B. Justo 3653 de esta ciudad.

-La celebración de un contrato por el plazo de ocho meses con la empresa de Seguridad Prosegur por un monto de 54.000.000 de pesos a los efectos que dicha empresa observe las pantallas del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). “Este punto surge relevante cuando se contrapone con la existencia de 10964 empleados en el plantel municipal, según los dichos del secretario de Hacienda, Jose Cano”, dijo Pettigiani.

Mediante el decreto Nº 1978, tal como reveló 0223, el exintendente Gustavo Pulti  llevó adelante una licitación pública para la contratación del servicio de coordinación y monitoreo de video-vigilancia y alerta de emergencia con un presupuesto oficial de casi 53 millones de pesos. 

Dos empresas se presentaron en la licitación para quedarse con este millonario negocio. Se trata de Prosegur SA y Watchman Seguridad SA. La primera ofertó $ 58.233.198,40, mientras que la segunda presentó una propuesta de $ 61.883.120.

Antes de su renuncia, Razona afirmó que “nos encontramos con un nicho de corrupción enorme. Existían irregularidades en contratos de 54 millones de pesos a las empresas Prosegur”.

-El pago de adicionales a efectivos de la policía de la Provincia de Buenos Aires  por la prestación de un  servicio extraordinario (35 mil pesos por mes) para cuidar el Emvial donde habría 1050 policías armados y entrenados (entre la Policía local y el CPC). 

-La contratación de un servicio de transporte para el traslado de efectivos de la Policía Municipal por un monto de $13.000.000 de pesos.

-La adquisición  de 85 móviles para el funcionamiento de la Policía Municipal, de los cuales en la actualidad solo funcionarían 15 de ellos. “El hecho relevante estaría aquí dado por la falta de cuidado de los bienes públicos y, en particular, con la falta de control acerca del uso que se realiza de dichos móviles. Obsérvese que si la puesta en marcha de la Policía Municipal se produjo en el mes de setiembre, la merma de los automóviles se habría verificado en un plazo inferior a los 120 días. Lo notable del hecho estaría dado porque 85 vehículos habrían sido siniestrados en el plazo de cuatro meses, sin que esto generara actuación alguna por parte de las autoridades a pesar del claro desmanejo de los bienes públicos”, remarcó el fiscal federal.    

Para finalizar, Pettigiani sostuvo que los mencionados hechos durante la administración de Pulti “le habrían significado al municipio una innecesaria erogación de más de 100 millones de pesos, siempre según los dichos del exfuncionario”.