A más de 2 meses de la tala ilegal en la reserva del sur, no hay fiscal que investigue

A dos meses y medio de hacer público el reclamo por la tala ilegal sobre la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanera Sur, la Asamblea por los Espacios Públicos emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la indefinición por parte del Ministerio Público Fiscal respecto al representante judicial que debe hacerse cargo de la investigación.

“Estamos pagando entre todos una fiscalía que no se ocupa del medio ambiente” expresó en diálogo con 0223, Karina Huarte, una de las referentes de la agrupación, al respecto de la determinación que tomó el titular del área, Pablo Cistoldi, que se declaró incompetente en la causa en una resolución que dejó un vacío institucional en la previa de la inminente feria judicial. 

“Se acercó hasta la fiscalía nuestra abogada, Soledad Arenasa, para ver como iba el tema, a dos meses de haber hecho la denuncia, no tenemos avances. Cuando uno se organiza como poder ciudadano para visibilizar los inconvenientes en todo el frente costero, sobre todo para aportar pruebas. Estamos haciendo un trabajo que no hace el Estado. Porque el fiscal apenas si tendría que juntar evidencia. Se las dimos nosotros, todas, en un sobre cerrado, con todos los pasos y herramientas que utilizamos en el poder administrativo. Y aún así no logramos que nos escuchen. Es preocupante”, graficó la dirigente vecinal.

Con anterioridad a la presentación que la Asamblea realizó en la Fiscalía Nº11 especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, otra Fiscalía, la de Composición Temprana de Conflictos Penales, a cargo de Graciela Trill, también se había declarado incompetente.

La justicia determinó el cese de las actividades sobre el balneario Horizonte, donde los residentes de la zona detectaron trabajos sin permiso que dañaron la forestación del lugar, según denunciaron, en al menos 600 metros cuadrados. Además, reconoció a los integrantes de la Asamblea como particulares damnificados, algo clave para poder promover, desde ese espacio, la investigación y, eventualmente, la sanción por los daños de bien colectivo registrados en el lugar.