Seguridad

5 de Marzo de 2013 09:04

¿Quién es Pedro Federico Hooft?

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A Hooft se lo investiga por su participación en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra una veintena de víctimas.

La causa que involucra al suspendio juez marplatense Pedro Federico Hooft se inició el 6 de mayo de 2006, con la presentación de una querella criminal por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, del entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.

Tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires como víctimas directas de los delitos que se imputan y organismos de derechos humanos se presentaron como querellantes. Actualmente, la causa que lleva el número 17.521 se tramita en el Juzgado Federal número 3 de Mar del Plata.

A Pedro Federico Hooft se lo investiga por su participación en privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra una veintena de víctimas; incluidos los abogados laboralistas secuestrados durante la denominada “Noche de las Corbatas”, cuando el magistrado se desempeñaba como juez en lo criminal y correccional en Mar del Plata.

Puntualmente, se lo acusa de haber visitado centros clandestinos de detención durante la última dictadura y de tener conocimiento sobre quiénes se encontraban en cada uno de ellos. En una oportunidad, su presencia fue advertida por Marta García de Candeloro, esposa del abogado Jorge Candeloro, secuestrado y desaparecido en la “Noche de las corbatas”. Esas visitas fueron confirmadas por funcionarios policiales de la Comisaría Cuarta de esta ciudad, en donde fueron alojadas distintas personas en forma ilegal.

Además, se le imputa haber tenido una relación directa con los responsables de la Subzona Militar XV, a cargo de la represión durante la década del '70 en Mar del Plata.

Inclusive, se constató que fue él quien intercedió ante el coronel Barda para lograr la liberación del abogado Camilo Ricci quien, junto a los doctores Centeno, Alais, Bozzi, Fresneda, Candeloro y Marta García y Mercedes Argañaraz de Fresneda, se hallaba detenido en el centro clandestino de detención “La Cueva”, en la Base Aérea.

También se acusa Hooft de no haber dado el trámite que correspondía o ni siquiera haber diligenciado los recursos de hábeas corpus presentados a favor de los abogados desaparecidos en julio de 1977.

A su vez, se comprobó que fue él quien rechazó un recurso interpuesto en favor de Jorge Candeloro pese a que existía constancia de que había sido detenido por la Policía Federal de Neuquén y trasladado a Mar del Plata junto a su esposa. Tres meses más tarde, en octubre de 1977, Barda le envió un comunicado en el que le informaba que “el delincuente subversivo Jorge Candeloro había sido abatido por las fuerzas militares al intentar escapar de las fuerzas de seguridad”.

No obstante a ello, no pidió explicaciones al Ejército, no investigó esa muerte ni pidió la entrega del cadáver para entregarlo a su familia. Por ello, su padre continuó con la búsqueda hasta 1979, cuando interpuso otro hábeas corpus, esta vez, en la ciudad Neuquén.

Por otra parte, se le imputa a Hooft no haber reabierto el hábeas corpus pese a haber visto a Marta García detenida de manera ilegal en el centro clandestino de la seccional cuarta y, más adelante, haber manifestado que la mujer había sustraído el expediente del Juzgado. Al final, 30 años después, el expediente en cuestión fue encontrado por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en los archivos correspondientes a su Juzgado. En el original se evidencian resoluciones dictadas por el acusado durante los años 1981, 1984 y 1987.

En el caso de Juan Bourg y Alicia Rodríguez de Bourg, Hooft tuvo en su poder una nota de autorización que el coronel Barda hizo a una persona para que explote el campo de los secuestrados. Sin embargo, cuando se le pidió el expediente para incorporarlo como prueba a los Juicios por la Verdad, manifestó que “alguien” lo retiró del archivo y a la fecha sigue sin aparecer. Tampoco investigó las dos causas iniciadas a partir de la desaparición del matrimonio, en las que dictó el sobreseimiento por considerar que no existió delito.

Por último, se acusa Hooft de haber rechazado un habeas corpus interpuesto a favor de Pablo Mancini, pese a haber recibido una contestación de la Base Naval de Mar del Plata donde le informaban que Mancini estaba alojado en ese lugar. Debido a que Hooft consideró que la detención era “justificada”, no dio aviso al padre de Mancini que había interpuesto el habeas corpus y resolvió el archivo de las actuaciones. Este expediente también fue encontrado tres décadas después por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia, en el archivo correspondiente al Juzgado en que se desempeñaba el magistrado acusado.

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