Amenazas de bomba: un llamado se hizo desde la propia escuela y otro desde el conurbano

A la espera de los reportes solicitados a distintas compañías de telefonía fija y celular, la investigación por la ola de amenazas de bombas a escuelas registrada en la ciudad ya estableció que cada comunicación se hizo desde una línea diferente. Entre los datos recopilados hasta el momento se confirmó que uno de los llamados se produjo desde el teléfono semipúblico ubicado en el mismo establecimiento y otro se hizo desde la localidad de Glew.

Más allá de que la práctica se reitera todos los años, la reiteración de hechos registrados durante el último mes hizo que se superara el promedio de este tipo de hechos. El expediente a cargo del fiscal Eduardo Amavet ya recopiló 34 amenazas en la ciudad de Mar del Plata, por encima de las 20 registradas el año pasado; de las 17 investigadas en 2015 y de las 7 sufridas durante 2014.

Aunque reconoció que se ha generado una especie de psicosis por estos hechos, Amavet sostuvo que debe avanzarse en la causa para establecer si la reiteración de hechos corresponde solamente a una travesura juvenil o tiene, por el contrario, un mismo hilo conductor. "Las amenazas se hacen con un llamado a la escuela -tanto de gestión pública como privada- o directamente al 911" detalló. 

“Independientemente de lo que se pueda probar la situación es grave porque los llamados tienen como objetivo desalojar los establecimientos y eso genera el desplazamiento de muchos menores por la vía pública”, relató.

Amavet aventuró que si se mantiene la tendencia –más allá de la disminución de amenazas durante la última semana- el número total a fin de año estará por arriba de cuarenta hechos. “Estaríamos duplicando lo registrado el año pasado”, aseguró.

Desde la Fiscalía de Determinación de Autores explicaron que más allá de las 34 denuncias registradas hasta el momento, hay otras que se tramitan en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil a partir del reconocimiento de la autoría que hicieron algunos menores de edad.

Este tipo de práctica constituye un delito penal denominado intimidación pública. El mismo está previsto en el artículo 211 del Código Penal con una pena en expectativa de dos a seis años de prisión.