Falsas amenazas de bomba: la fiscalía de Estado se presentó como particular damnificado en más de sesenta causas

Mientras varias de las investigaciones en trámite por las falsas amenazas de bomba registradas este año en escuelas y establecimientos comerciales avanzaron y permitieron identificar a los autores, la delegación Mar del Plata de la Fiscalía de Estado se presentó como particular damnificado en más de 60 causas. La intención de estas presentaciones es lograr que los autores se hagan cargo de los gastos generados por la realización de los operativos puestos en marcha ante esos llamados.

El delegado de la Fiscalía de Estado en Mar del Plata le confirmó a 0223 que en algunas de las causas en trámite ya se los aceptó como particulares damnificados. “En la ciudad de La Plata se formó un expediente administrativo madre en el que se solicitó al Ministerio de Seguridad que estime el valor de cada operativo, pero aún no podemos establecer el costo exacto”, señaló Luciano Ricci.

Al menos dos de los hechos esclarecidos en la ciudad estuvieron a cargo de adolescentes por lo que el titular de la Delegación local advirtió que en caso de que las amenazas que hayan sido realizadas por menores, serán los padres los que respondan económicamente. “En el caso de las amenazas a establecimientos particulares, los damnificados pueden presentarse a la Justicia de Garantías o iniciar un juicio civil”, explicó.

Uso de bienes para las instituciones

En el marco de una tarea que comenzó hace tres meses, Ricci adelantó que se está trabajando con autoridades municipales para conseguir que en el caso de sucesiones vacantes se puedan incorporar distintas propiedades como bienes del Estado. “Tuvimos algunas reuniones para intentar replicar aquí algunas medidas que se efectivizaron en la municipalidad de Mar Chiquita”, adelantó.

En ese partido –ante el pedido de funcionarios del área de seguridad- se nombró depositario de un inmueble a la delegación de Santa Clara del Mar para que instale allí una comisaría o una sub delegación de la Dirección Departamental de Investigaciones. “De este modo se logra que el Estado no gaste dinero en comprar o alquilar una propiedad para ese objetivo”, agregó.

Ricci explicó que una vez que los trámites sucesorios en los que no hay familiares o herederos llegan a su fin, los inmuebles quedan incorporados definitivamente como bien del Estado.