Comedores escolares: aseguran que las empresas locales “no tienen documentación básica para ser proveedores”

24 de Julio de 2018 19:54

Por Redacción 0223

PARA 0223

Tras las denuncias de proveedores marplatenses por posibles irregularidades en el proceso licitatorio del servicio alimentario en el Consejo Escolar de General Pueyrredon, el director provincial de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario, salió al cruce de las graves acusaciones contra el gobierno de María Eugenia Vidal.

En declaraciones a 0223, el funcionario bonaerense recordó que “en el mes de abril, mantuvimos una reunión con los proveedores del sistema alimentario del Consejo Escolar de General Pueyrredon en el marco de la advocación. En ese encuentro, les comentamos que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires nos exige que los Consejos Escolares, que tienen modelo descentralizado, realicen una licitación pública”.

A continuación, aclaró que “esa licitación la pudimos haber concretado en un plazo de 20 ó 30 días pero decidimos que se lleve adelante recién en el mes de julio para darle tiempo a las empresas para que adecuen la documentación”.

Y remarcó: “Dividimos el distrito en ocho zonas para que haya competencia entre todas las empresas. Finalmente, el 2 de julio se abrieron los sobres de la licitación del servicio alimentario escolar en General Pueyrredon. Se presentaron once empresas”. 

Sin embargo, Di Mario explicó que “de las once empresas que respondieron al llamado de licitación, solamente dos cumplieron con los requisitos establecidos tanto en la  Ley de Compras de la Provincia de Buenos Aires como en las bases y condiciones generales del pliego”.

En ese contexto, el director provincial de Consejos Escolares afirmó que “nos llamó poderosamente la atención que las empresas que han brindado el sistema alimentario en los últimos años en el Partido de General Pueyrredon han hecho presentaciones en las cuales falta documentación fundamental”.

A continuación, detalló que “no han sido inscriptos dentro del registro de proveedores de la provincia de Buenos Aires, que era el principal elemento para presentarse“. “Ni siquiera estaban inscriptos como empleadores. Esa era una condición básica para proveer un sistema alimentario, porque se entiende que uno no puede ser monotributista cuando brinda este servicio. ¿Cómo realiza la logística?. Ese requisito no solamente está dentro de la Ley de Compras, sino también dentro del pliego. Algunas  empresas presentaban incluso serias inconsistencia en cuanto a su condición patrimonial frente a la Afip", agregó.

Por otra parte, Di Mario destacó también “inconsistencias importantes en cuanto a lo que es la presentación del mejor menú”. “Presentaron idéntico menú, idéntico profesional que firma el valor nutrional, idéntico formato de presentación. Todo idéntico. Pareciera que se hizo una sola vez y se imprimió seis veces. Solamente le cambiaron las carátulas con el nombre de las empresas. Nos hace presumir un cierto vínculo entre las firmas oferentes, esto no lo permite la ley”, subrayó.

A su vez, el funcionario dijo que “no sé si estuvieron mal asesorados, fue inexperiencia o si hubo alguna otra intencionalidad. Todo esto nos sorprendió para mal. A pesar de tener a disposición todo el equipo de preadjudicación para consultas o requerimientos a cerca del procedimiento de licitación, han realizado presentaciones en las cuales falta documentación fundamental”.

Los Proveedores de Servicio Alimentario Escolar Bonaerense denunciaron “en el Consejo Escolar de General Pueyrredon se ha perpetrado el robo más vil que se puede cometer desde el poder”. “Le otorgaron la licitación completa del SAE a dos empresas ligadas al poder”, dispararon.

Ante estas acusaciones, Di Mario afirmó que “es falso porque hicimos un pliego bajando la vara para que los proveedores locales tuvieran la posibilidad de presentarse a esta licitación”. “No fue una licitación dirigida. Son falsas las acusaciones”, recalcó.

Para el funcionario de Vidal, los proveedores locales llevan adelante estas denuncias de una supuesta falta de transparencia en el proceso licitatorio con el objetivo de “esconder una falencia importante que tienen como empresas proveedoras del sistema alimentario. No tienen la documentación básica para ser proveedores. Tiene graves falencias”.
 

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