Fumigaciones: piden que la Suprema Corte declare inconstitucional la resolución de Agroindustria

La batalla contra las fumigaciones no se detiene. Luego de que el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires dictara en octubre pasado una polémica resolución (N° 246) que entró en vigencia el 1 de enero último, los reclamos de varios sectores de la comunidad que combaten el terrible flagelo de los agroquímicos volvieron hacerse oír.

La situación llevó a trabajadores rurales, gremios, padres de alumnos de escuelas y vecinos afectados por las fumigaciones, a tomar la decisión de interponer una acción ante la Suprema Corte Provincial para que se declare la inconstitucionalidad de esa resolución "por conculcar la misma derechos  humanos fundamentales reconocidos en la C.N. art.41, 12 y 28 de Cosnt. prov. Bs.As., art. 4 y concordantes de la Ley Nº 25.675, Ley General del Ambiente".

En diálogo con 0223, el gobierno bonaerense, a través del ministro Leonardo Sarquis, defendió su postura y aseguró que la normativa provincial acompaña la ordenanza municipal existente.

Según los afectados, en el caso del partido de General Pueyrredón, la resolución "es violatoria de la normativa vigente y el espíritu de protección y progresividad expresado en los fundamentos de una medida cautelar dispuesta por Jorge Omar Picorelli contra la comuna vinculada a la ordenanza Nº 21.296”.

En esa línea, los interesados en detener el proceso de fumigaciones especificaron que las autoridades del Poder Ejecutivo deben "poner el acento precisamente en la prevención de los daños; y realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse".

Desde la Casa del Trabajador, entidad impulsora de las diversas presentaciones judiciales, aclararon que además se solicitó "la suspensión de la aplicación de esta resolución en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, hasta tanto el Estado Provincial, a través de sus reparticiones, efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos,(fitosanitarios)".