Informes de Aysa y el Inta descartan que el agua del sur esté contaminada con agroquímicos

El debate sobre los efectos en la salud por el uso de químicos en la producción agrícola es de larga data en el sur de General Pueyrredon. En ese marco, las denuncias públicas sobre la contaminación del agua son moneda corriente e incluso la situación tiene repercusión en el ámbito judicial, donde actualmente rige una medida cautelar que impide fumigar a menos de mil metros de núcleos urbanos en Mar del Plata y Batán.

Sin embargo, ahora dos informes de la empresa pública nacional Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Aysa), parecen llevar tranquilidad en lo que respecta exclusivamente al agua que se obtiene de dos perforaciones realizadas por Osse en el sur. Si bien se detectó la presencia del herbicida 2.4 D, los volúmenes relevados se encuentran dentro de los parámetros fijados por la ley nacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar al agua apta para consumo humano.

Los datos de los informes fueron dados a conocer en los últimos días por Osse al Concejo Deliberante, luego que el órgano legislativo solicitará a la empresa municipal la realización de análisis al agua del sur, tras las denuncias públicas de organizaciones y otro informe del Inta que alertaba sobre la presencia del herbicida en una muestra tomada en el barrio Playa Serena. En octubre de 2021, Integrantes de la Asamblea "Paren de Fumigarnos" explicaron que el estudio de agua lo solicitaron al Inta Balcarce a partir de un llamativo aumento de casos de trastornos en el neurodesarrollo de niñas y niños de la zona, que generó la inquietud de determinar factores de riesgo que pudieran estar asociados al aumento de probabilidad en este tipo de patologías clínicas.

Esa región de la ciudad no está alcanzada por la red de abastecimiento de Osse, por lo que los vecinos deben obtener el suministro a través de perforaciones. En el caso de las muestras analizadas por Aysa y el Inta, fueron tomadas el 17 de agosto de 2021 en el Caps Playa Serena y el 21 de junio de 2022 en otro lugar, cuya dirección no se detalló en el informe “Calidad del Agua – Barrios del Sur”, al cual accedió 0223. Ambas perforaciones fueron originalmente realizadas por Osse, bajo los parámetros técnicos debidos para evitar contaminaciones externas.

En el reporte se detalló que se detectó la presencia del herbicida 2.4 D “en una concentración de 14.46 ug/l”, números dentro de los márgenes en los que se considera al agua apta para consumo humano. La Ley 11.820 lo fija en hasta 30 ug/l, al igual que las Guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que el Código Alimentario Argentino establece un valor máximo de 100 ug/l. Más allá de ello, Osse reconoció que “se advierte sobre la necesidad de control” respecto a la presencia de dicho herbicida.

Como conclusión final, el informe firmado por el gerente de Calidad de Osse, Marcelo Scagliola, destacó que en “los análisis realizados, tanto por el INTA como por AySA, muestran que las aguas analizadas no presentan riesgo para la salud de las personas por la presencia de pesticidas”. A su vez, agregó que “se destaca la importancia de fijar una agenda de gestión basada en las prioridades regionales y los principios de progresividad a fin de que la agenda de gestión produzca los mayores beneficios en la salud pública”

El peligro de las perforaciones mal realizadas

Más allá de las conclusiones finales sobre las muestran tomadas en pozos realizados por Osse, la propia empresa advirtió sobre “la importancia de la construcción de perforaciones domiciliarias con el debido encamisado y protecciones superficiales para evitar la vulnerabilidad de las mismas ante cualquier contaminante”.

En el debate registrado en la Comisión de Ambiente que recibió el informe, la concejala Sol de la Torre retomó lo expuesto por Osse bajo otra formulación: “para determinar si un pozo es viable, primero tiene que estar bien hecho. No sorprende que en los pozos de Osse de bien (el análisis), porque están bien hechos”. La edil hizo referencia a un “problema estructural” con los pozos mal hechos, que quedan expuestos ante las fumigaciones que se realizan en el cordón frutihortícola. Además, contó que el informe de Osse ya fue remitido a las organizaciones ambientales que intervienen en el sur, donde fue recibido con escepticismo.

“No digo que las aguas del sur tengan agroquímicos, porque no lo sé. Sé que los pozos que analizó Osse dieron ese resultado y que el informe del Inta da valores por debajo de los que dice el Código Alimentario Argentino sobre riesgo”, aclaró. A su vez, pidió profundizar los análisis para tener mayores certezas: “para determinar la calidad de agua de un pozo se necesita hacer estudios durante diferentes periodos del año, porque las fumigaciones son diferentes en función del período de producción de ese campo. Esto no se resuelve con un simple análisis. Lo que buscamos es la confiabilidad de los vecinos sobre la información que el Estado da”, explicó.

Por su lado, concejales de Juntos ponderaron los resultados que arrojaron los análisis realizados por Aysa y e Inta, una empresa y un organismo bajo la órbita del gobierno nacional del Frente de Todos. “Viene a desmitificar lo que a veces se dice en el sur sobre la contaminación del agua por agroquímicos. He escuchado a más de un concejal alarmando a la población y los vecinos del sur, y es importante decir que hay un análisis técnico que dice que en estar perforaciones las aguas no están contaminadas por agroquímicos”, remarcó Daniel Núñez (UCR).

“Esto es llevarle confiabilidad de los vecinos, si hablamos de sensaciones nos metemos en una discusión mucho más grande”, le respondió Marianela Romero (UCR) a de la Torre. “Cuando las perforaciones se hacen bien, el agua es apta para el consumo. El agua está en condiciones de ser consumida y no afecta la salud”, concluyó.

Por otro lado, la Comisión de Ambiente acordó pedir un nuevo informe, en este caso al gobierno municipal. En este caso, para que de cuenta de los controles que realiza sobre las aplicaciones de agroquímicas en la zona, una responsabilidad que tiene en el marco de la causa judicial por la cual se encuentra vigente la cautelar que prohíbe fumigaciones en zonas cercanas a centros urbanos.