La 9 de Julio es de las pocas que le gana a la inflación: en 3 años su contrato creció 130%

Gustavo Pulti estaba a punto de abandonar el despacho principal del municipio para dejarle su lugar a Carlos Arroyo cuando firmó uno de sus últimos decretos. Esa rubrica le permitió a la empresa 9 de Julio quedarse con el negocio de la basura por los siguientes 8 años. El término negocio no es antojadizo: tras firmar un contrato por 45.600.000 pesos mensuales la firma percibe hoy $105.413.450,80.

Desde enero de 2016, cuando Arroyo firmó el contrato que le había dejado armado Pulti, hasta enero de 2019 el incremento por el servicio fue del 130%. En silencio y con perfil bajo, la empresa 9 de Julio es una de las pocas que se puede ufanar de haberle ganado a la inflación en los últimos tres años que suma 112,5%.

Arroyo inició su gestión con una relación áspera con la empresa. Las demoras en el pago del canon mensual provocaron que la empresa demore el pago de los salarios de los trabajadores del sindicato de Camioneros, que iniciaron varias medidas de fuerza. La tensión llegó a tal punto que el intendente se comunicó directamente con Hugo Moyano para pedirle “auxilio”. El jefe del sindicato de Camioneros puso la plata e hizo abrir el Banco Provincia un sábado para que los trabajadores cobren y así destrabar el conflicto.

Tras esas primeras idas y venidas la relación se calmó. De manera silenciosa y pese a que la valoración de la sociedad sobre el servicio es negativa, el intendente comenzó a rubricar decretos en los que autorizaba redeterminaciones de costos millonarias a favor de la empresa recolectora de basura.

El clima de tensión se reinstaló con el desembarco de Hernán Mourelle en la secretaría de Hacienda. Tras analizar el contrato de concesión el funcionario determinó una multa millonaria contra la empresa por la no prestación del servicio una noche en la que jugaba la selección argentina de fútbol. La multa económica superaba los 30 millones de pesos, una cifra inédita para las sanciones irrisorias que siempre aplicó el municipio.

Mourelle garantizó que la sanción estaba bien aplicada. La empresa 9 de Julio no lo creyó así y recurrió a la Justicia Contencioso Administrativa para apelar la pena. Un magistrado le dio la razón y le ordenó a la comuna devolverle ese monto a la empresa.

Desde ese entonces, la actitud beligerante del secretario de Hacienda volvió a transformarse en una postura más pasiva, con los constantes reconocimientos de deuda. El último decreto firmado por el jefe comunal fue el 15 de enero último donde se le reconoce un contrato de 105 millones de pesos, retroactivo a noviembre de 2018. Además se le reconoció una deuda $10.435.430,80 en concepto de diferencias por redeterminación del precio de los servicios prestados por el período comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2018, inclusive.