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Aumento del boleto: se viene un superviernes con final abierto

Aumento del boleto: se viene un superviernes con final abierto

Por Mariano Suárez

La convocatoria está hecha: con la firma de 9 concejales se convocó a una sesión extraordinaria para este viernes para tratar el expediente que debe definir el aumento del boleto de colectivo. Se sabe el menú principal, pero los condimentos son una incógnita.

El arroyismo sabe que no tiene los votos para aprobar el expediente tal cual está. La propuesta para llevar el boleto de colectivo de $13,55 a $18,81 en dos etapas (la primera a $16,50 cuando se apruebe y 18,81 en mayo) superó las comisiones de Transporte y Legislación, con más dudas que certeza. La mayor certeza siempre fue la misma: conseguir los 13 votos que se requieren para aprobar el aumento de la tarifa era una odisea. Y el riesgo es que los 10 días sin servicio de colectivos por la noche se transformen en un paro total del servicio.

El aumento del boleto tiene dos aliados que, prácticamente en todo lo demás, están enfrentados: el arroyismo y la UCR. Desde un principio, el bloque comandado por Vilma Baragiola dio señales de su voluntad para avanzar con el aumento. En rigor, no todo el bloque: Mario Rodríguez y Ariel Martínez Bordaisco, que no están alineados con la exsecretaria de Desarrollo Social –el primero responde a Ricardo Alfonsín y el segundo a Maxi Abad-, se mostraron más reacios  ante las desprolijidads que, desde el inicio, tuvo el tratamiento del expediente.

La Agrupación Atlántica, por ser la fuerza gobernante, carga la responsabilidad de todos los gobiernos: dar respuesta a un tema espinoso.

Esos aliados circunstanciales están hoy políticamente enfrentados de manera cada vez más visible. La pelea por la presidencia del Concejo Deliberante (que ganó la UCR) y los constantes choques de los ediles con el secretario de Hacienda Hernán Mourelle echan sal en heridas que jamás cicatrizaron.

Por eso, más allá de que en este tema ambos sectores quieren que salga con la menor dificultad posible, también hay desconfianza. Todos se mueven con pies de plomo para no favorecer (y si se puede perjudicar) al otro. Y eso hace que alcanzar una definición sea aún más difícil.

Guillermo Arroyo evitó que el martes en la reunión de presidentes de bloque se le transfirieran las facultades al intendente Carlos Arroyo a través de un decreto. Pero todo indica que el viernes no tendrá más alternativa que obligar a su padre a firmar el aumento. “No tenemos los votos, pero queremos llevar al tema a la sesión. Es plata o mierda”, reconoció un concejal arroyista.

Conseguir los 13 votos para que el costo político se reparta entre los concejales de varias fuerzas parece imposible, pero más allá de hacer el desesperado intento, la convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar el expediente también busca exponer a algunos sectores que –cree el arroyismo- le jugaron mal con este tema. Los antecedentes muestran que los planes legislativos del arroyismo siempre terminan al revés de lo esperado.

Más allá de la presunción de que el desenlace de la cuestión será la transferencia de facultades al intendente Arroyo para que destrabe el conflicto hay varias inquietudes. “No queremos decir que no a todo. Pero la verdad es que hasta ahora no sabemos si la transferencia tiene tope de $18,81 y solo por esta vez, si no tiene tope y tiene otros plazos; en definitiva, como suele pasar, no sabemos qué es lo que quiere hacer el arroyismo”, dijo un concejal opositor. Los votos para la transferencia de facultades tampoco están seguros.

Arroyo, desde un principio, dejó en claro que esperaba que sea el Concejo Deliberante el que defina esta situación. “Es lo que corresponde”, repitió cada vez que le preguntaron. Sin embargo, saben que el conflicto está llegando a un punto en el que no les quedará más opción que resolverlo. “Pero queremos que nos den la facultad hasta el 9 de diciembre”, deslizaron desde el entorno del intendente.

Es que sin siquiera haber aprobado la tarifa de $18,81, los empresarios del transporte ya plantearon que el aumento del dólar y por ende de los insumos hacen que esa tarifa no sea la acorde. De hecho, presentaron un nuevo estudio de costos en el que plantearon que la tarifa debe ser de $24,11 Hasta ahora, los concejales hicieron como si no existiera: el proyecto está en la Comisión de Transporte sin ningún tratamiento.

En el arroyismo creen que pagar el costo político de aprobar la tarifa a $18,81 no garantiza que en pocos días vuelvan a tener que enfrentarse con el nuevo pedido. Y la comparación con ciudades similares no favorece. En La Plata tiene distintos valores de boleto. El más barato, por menos de 3 kilómetros, cuesta $19,20 y el más caro (más de 27 kilómetros) $24,20. En Bahía Blanca la tarifa plana es de $25,25.

El oficialismo tiene un antecedente a favor para conseguir lo que busca. El último intendente en recibir la autorización para aumentar el boleto de colectivo fue Gustavo Pulti. El 16 de octubre de 2014 el Concejo facultó al exjefe comunal a incrementar el boleto, cuando los empresarios pedían llevarlo $4,44. Sin embargo, en aquella oportunidad los legisladores le otorgaron esa facultad hasta el 31 de marzo sin ningún tope. Durante ese lapso, Pulti pudo imponer la tarifa que quiso sin necesidad de un debate legislativo.

En febrero del año siguiente (casualmente también un año de elecciones ejecutivas) Pulti firmó un nuevo incremento y el boleto pasó a costar $4,80.    

Aumentar el boleto de colectivo es una medida compleja, porque se sabe que son los sectores vulnerables y los trabajadores los principales usuarios del servicio. Significa, entonces, un golpe directo a sus bolsillos. La clase política evita tomar esa definición, aunque también hay cierta hipocresía en torno al tema: en un país donde todo aumenta es imposible mantener congelado el valor del boleto. Incluso, los mismos usuarios suelen admitir esta cuestión y ya no se ven las manifestaciones multitudinarias cuando se trata el asunto. La ciudadanía valoraría más que, más allá de discutir una tarifa que más tarde o más temprano aumentará, se hicieran esfuerzos para mejorar los controles y garantizar un servicio de calidad. 

 

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Aumento del boleto: se viene un superviernes con final abierto

La convocatoria está hecha: con la firma de 9 concejales se convocó a una sesión extraordinaria para este viernes para tratar el expediente que debe definir el aumento del boleto de colectivo. Se sabe el menú principal, pero los condimentos son una incógnita.

El arroyismo sabe que no tiene los votos para aprobar el expediente tal cual está. La propuesta para llevar el boleto de colectivo de $13,55 a $18,81 en dos etapas (la primera a $16,50 cuando se apruebe y 18,81 en mayo) superó las comisiones de Transporte y Legislación, con más dudas que certeza. La mayor certeza siempre fue la misma: conseguir los 13 votos que se requieren para aprobar el aumento de la tarifa era una odisea. Y el riesgo es que los 10 días sin servicio de colectivos por la noche se transformen en un paro total del servicio.

El aumento del boleto tiene dos aliados que, prácticamente en todo lo demás, están enfrentados: el arroyismo y la UCR. Desde un principio, el bloque comandado por Vilma Baragiola dio señales de su voluntad para avanzar con el aumento. En rigor, no todo el bloque: Mario Rodríguez y Ariel Martínez Bordaisco, que no están alineados con la exsecretaria de Desarrollo Social –el primero responde a Ricardo Alfonsín y el segundo a Maxi Abad-, se mostraron más reacios  ante las desprolijidads que, desde el inicio, tuvo el tratamiento del expediente.

La Agrupación Atlántica, por ser la fuerza gobernante, carga la responsabilidad de todos los gobiernos: dar respuesta a un tema espinoso.

Esos aliados circunstanciales están hoy políticamente enfrentados de manera cada vez más visible. La pelea por la presidencia del Concejo Deliberante (que ganó la UCR) y los constantes choques de los ediles con el secretario de Hacienda Hernán Mourelle echan sal en heridas que jamás cicatrizaron.

Por eso, más allá de que en este tema ambos sectores quieren que salga con la menor dificultad posible, también hay desconfianza. Todos se mueven con pies de plomo para no favorecer (y si se puede perjudicar) al otro. Y eso hace que alcanzar una definición sea aún más difícil.

Guillermo Arroyo evitó que el martes en la reunión de presidentes de bloque se le transfirieran las facultades al intendente Carlos Arroyo a través de un decreto. Pero todo indica que el viernes no tendrá más alternativa que obligar a su padre a firmar el aumento. “No tenemos los votos, pero queremos llevar al tema a la sesión. Es plata o mierda”, reconoció un concejal arroyista.

Conseguir los 13 votos para que el costo político se reparta entre los concejales de varias fuerzas parece imposible, pero más allá de hacer el desesperado intento, la convocatoria a una sesión extraordinaria para tratar el expediente también busca exponer a algunos sectores que –cree el arroyismo- le jugaron mal con este tema. Los antecedentes muestran que los planes legislativos del arroyismo siempre terminan al revés de lo esperado.

Más allá de la presunción de que el desenlace de la cuestión será la transferencia de facultades al intendente Arroyo para que destrabe el conflicto hay varias inquietudes. “No queremos decir que no a todo. Pero la verdad es que hasta ahora no sabemos si la transferencia tiene tope de $18,81 y solo por esta vez, si no tiene tope y tiene otros plazos; en definitiva, como suele pasar, no sabemos qué es lo que quiere hacer el arroyismo”, dijo un concejal opositor. Los votos para la transferencia de facultades tampoco están seguros.

Arroyo, desde un principio, dejó en claro que esperaba que sea el Concejo Deliberante el que defina esta situación. “Es lo que corresponde”, repitió cada vez que le preguntaron. Sin embargo, saben que el conflicto está llegando a un punto en el que no les quedará más opción que resolverlo. “Pero queremos que nos den la facultad hasta el 9 de diciembre”, deslizaron desde el entorno del intendente.

Es que sin siquiera haber aprobado la tarifa de $18,81, los empresarios del transporte ya plantearon que el aumento del dólar y por ende de los insumos hacen que esa tarifa no sea la acorde. De hecho, presentaron un nuevo estudio de costos en el que plantearon que la tarifa debe ser de $24,11 Hasta ahora, los concejales hicieron como si no existiera: el proyecto está en la Comisión de Transporte sin ningún tratamiento.

En el arroyismo creen que pagar el costo político de aprobar la tarifa a $18,81 no garantiza que en pocos días vuelvan a tener que enfrentarse con el nuevo pedido. Y la comparación con ciudades similares no favorece. En La Plata tiene distintos valores de boleto. El más barato, por menos de 3 kilómetros, cuesta $19,20 y el más caro (más de 27 kilómetros) $24,20. En Bahía Blanca la tarifa plana es de $25,25.

El oficialismo tiene un antecedente a favor para conseguir lo que busca. El último intendente en recibir la autorización para aumentar el boleto de colectivo fue Gustavo Pulti. El 16 de octubre de 2014 el Concejo facultó al exjefe comunal a incrementar el boleto, cuando los empresarios pedían llevarlo $4,44. Sin embargo, en aquella oportunidad los legisladores le otorgaron esa facultad hasta el 31 de marzo sin ningún tope. Durante ese lapso, Pulti pudo imponer la tarifa que quiso sin necesidad de un debate legislativo.

En febrero del año siguiente (casualmente también un año de elecciones ejecutivas) Pulti firmó un nuevo incremento y el boleto pasó a costar $4,80.    

Aumentar el boleto de colectivo es una medida compleja, porque se sabe que son los sectores vulnerables y los trabajadores los principales usuarios del servicio. Significa, entonces, un golpe directo a sus bolsillos. La clase política evita tomar esa definición, aunque también hay cierta hipocresía en torno al tema: en un país donde todo aumenta es imposible mantener congelado el valor del boleto. Incluso, los mismos usuarios suelen admitir esta cuestión y ya no se ven las manifestaciones multitudinarias cuando se trata el asunto. La ciudadanía valoraría más que, más allá de discutir una tarifa que más tarde o más temprano aumentará, se hicieran esfuerzos para mejorar los controles y garantizar un servicio de calidad. 

 

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