Por qué es importante la nueva reglamentación de la ley de uso de cannabis medicinal

La nueva reglamentación de la ley 27.350 da respuesta a la demanda de miles de pacientes que utilizan cannabis para tratar enfermedades y el dolor. Cuándo comenzaría la producción nacional. La importancia de que el Estado controle la calidad del aceite.

La gente tiene el derecho y la necesidad de cubrir su derecho a la salud de una forma segura y el Estado se va a tener que hacer cargo de eso”, sostienen los especialistas.

14 de Noviembre de 2020 08:16

La nueva reglamentación de la ley 27.350 de uso medicinal del cannabis, que autoriza la el cultivo y la venta en farmacias de cannabis medicinal, supone una respuesta que desde hace años esperan las organizaciones civiles y, sobre todo, los pacientes que requieren de ese producto para el tratamiento de enfermedades o del dolor. Es que, si bien la legislación fue sancionada en 2017, la primera reglamentación tuvo sabor a poco: abarcaba únicamente niños con epilepsia refractaria y no preveía políticas públicas para la producción de aceite. En consecuencia, los pacientes que quedaban por fuera de la normativa, no tuvieron otra alternativa que volcarse al autocultivo ilegal o la compra en el mercado negro, a un alto costo y sin ningún tipo de certificación del producto. Pero ahora, a través del decreto 883/2020 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el panorama cambió. “Fue una propuesta que se hizo en conjunto con gente de la ciencia, médicos, representantes de las universidades públicas, el Ministerio de Salud y de seis organizaciones civiles del país que representaron a todas las demás. Es decir, fueron escuchadas todas las voces, sobre todo, las que tienen la demanda”, analizó Silvana Colman, bióloga, docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Unmdp e integrante del Grupo de Extensión ConCiencia.

La investigadora reparó además en que si bien la anterior reglamentación preveía que el Conicet iniciara investigaciones sobre la planta de Cannabis y su uso medicinal, las condiciones que establecían los Ministerios de Salud y Seguridad “eran tan restrictivas que terminaba siendo imposible cumplirlas”. 

Otro problema con el que se encontraron los investigadores tuvo que ver con las complicaciones que surgían en torno a la importación de reactivos -THC y CBD puros- para el análisis de los aceites. “La gente hacía su propio aceite en la ilegalidad, acercándose a las Ong’s y si bien lo llevaba al Conicet para que lo analizáramos, no podíamos hacerlo porque no teníamos permiso de la Universidad y tampoco podíamos importar los reactivos”, recordó. Ahora, estimó, habrá “menos burocracia” para iniciar proyectos de investigación.

Si bien Colman se mostró confiada en que la ley comenzará a aplicarse de manera rápida, calculó que la producción nacional demoraría en comenzar, al menos, un año y medio. “Tiene que hacerse el cultivo, producir el aceite y todo el país debe contar con el equipamiento necesario para elaborar la fórmula magistral”, enumeró. Frente a eso, la investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas resaltó la opción del autocultivo. “El uso del cannabis tiene miles de años y el empoderamiento ahora lo tiene el usuario. Está bueno que se legitimen sus conocimientos y se les dé el derecho a hacerse su propia medicina. Pero no tenemos que dejar de lado al Estado, que debe estar presente para que ese aceite sea analizado, seguro y tenga un acompañamiento médico”, sentenció.        

A partir del 2017, con la aprobación de la ley de uso medicinal del cannabis, la Facultad de Ciencias Exactas de la Unmdp se abocó a la formación de los profesionales farmacéuticos en la materia, la cual se sostendrá, sobre todo ahora, que la nueva legislación establece “el acceso y la garantía del derecho a la salud” de aquellos pacientes que requieren de este producto para el tratamientos de enfermedades o del dolor, según afirmó la farmacéutica, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Cristina Ramírez.

“Esta ley tiene una apertura bastante interesante porque todo apunta la obtención o adquisición de un producto de calidad controlada”, remarcó la especialista. En ese sentido, destacó que “todas las vías de acceso van a tener control de las universidades y centros de control analítico para obtener un producto estandarizado”, aunque hizo hincapié en que ahora hay que ver de qué forma se organiza ese trabajo. 

En cuanto a cómo será la producción nacional, Ramírez advirtió que aún resta resolver cuál va a ser el origen, el linaje de las semillas y órganos de propagación de esquejes. “Inicialmente el Inta va a empezar con el cultivo, pero falta ver cómo se le va a dar acceso a las personas a ese material”, señaló y anticipó que en febrero habrá un nuevo tratamiento de la normativa para completar aquellos artículos que faltaron reglamentar, entre ellos, el acceso a los esquejes.

Al igual que las universidades de La Plata y Rosario, la casa de altos estudios local analizó algunas muestras que en los últimos años acercaron distintos usuarios de aceite de cannabis y se espera una gran cantidad de gente una vez que se reanude la actividad interrumpida por la pandemia. “Lo dramático es que nos ha tocado analizar muestras que no tenían absolutamente nada de cannabinoides y otras que estaban contaminadas con restos de plástico, producto de la misma elaboración”, contó. “Queremos que la gente entienda que las flores con las que se va a elaborar el aceite tienen que tener un control para uso farmacéutico para que, por ejemplo, uno se lo pueda dar a un bebé de un año. Esto no es una receta de una comida casera,  es algo que, más allá de que la gente tenga derecho al autocultivo, tiene que tener el acceso a que su material de medicación esté controlado y validado, y trataremos de hacer la mayor cantidad posible de convenios con universidades y Ong’s para que eso suceda”, recalcó Ramírez.  

Por último, la investigadora vaticinó que “se vienen épocas muy buenas de acceso y garantía del derecho a la salud, que es lo único que tiene que importar acá”. “La gente tiene el derecho y la necesidad de cubrir su derecho a la salud de una forma segura y el Estado se va a tener que hacer cargo de eso”, concluyó.