Detienen al juez que investiga el escándalo de los respiradores en Bolivia

 La misión en Bolivia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humano exigió al gobierno de ese país "iniciar una investigación pronta" que arroje luz sobre la extraña detención y luego liberación del juez que actúa en la causa por la presunta compra irregular de respiradores a España.

La ONU alertó así sobre la aprehensión irregular del juez Hugo Huacani, ocurrida el viernes minutos antes decidiera medidas cautelares de cinco implicados en el escándalo de los respiradores. 

En medio de la pandemia, el gobierno de Bolivia compro 170 respiradores mecánicos, por los que aparentemente pagó altos sobreprecios y encima, los aparatos, según denunciaron los médicos, no funcionaban. Bolivia acordó pagar 28.080 dólares por cada equipo, a diferencia de los 7.234 dólares, que es el precio de fábrica.

"Llamamos a las autoridades competentes por ley a realizar una investigación pronta acerca de las causas y autores que llevaron a la aprehensión del juez con el propósito de evitar que estas acciones se repitan", señaló el organismo de ONU en su cuenta de Twitter. Y envió esa solicitud al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado.

Huacani fue detenido manera intempestiva pero fue liberado el sábado y hasta hoy no se sabía quién ordenó apresarlo. El diario La Razón publicó que la detención había sido ejecutada por el teniente coronel Milán Estrada, oficial de la Policía Boliviana, dependiente del ministerio de Gobierno.

 En sus primeras declaraciones a ese diario, el juez Huacani consideró que su aprehensión fue irregular y que un policía no puede ejecutar una acción así por cuenta propia. Luego, el juez decidió la detención preventiva por tres meses de Navajas, Valenzuela, Pacheco y el empresario Fernando Humérez, que fue presentado como "testigo clave" de la trama de presunta corrupción en medio de la crisis sanitaria. 

El presunto ilícito involucró a exministro de Salud Marcelo Navajas (renunció por el escándalo) , el exdirector jurídico de ese despacho Fernando Valenzuela y el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) Giovani Pacheco y otras dos personas, entre ellas una asesora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)