Para los Jueces Penales, las amenazas de Jury atentan contra la independencia del Poder Judicial

A partir de las expresiones de funcionarios políticos que anunciaron públicamente la iniciación de juicios políticos a los jueces penales bonaerenses por no cumplir con la Ley Nacional de Víctimas, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires aclaró que la Honorable Legislatura Bonaerense no dictó norma alguna para adecuar la legislación procesal a la Ley Nacional de Víctimas. “No se encuentra vigente en nuestra provincia, sin perjuicio de las disposiciones procesales específicas que aseguran los derechos de las víctimas en el Código de Procedimiento Penal”, indicaron en un comunicado.

En un comunicado firmado por Mario Daniel Caputo y Pedro Rodríguez -Presidente y Secretario de la entidad- señalaron que el jury de enjuiciamiento de magistrados no fue concebido constitucionalmente, ni está reglamentado legalmente, como una vía procesal alternativa para impugnar el contenido de las resoluciones que se dictan en las diferentes etapas –ya sea de conocimiento, ya sea de ejecución– del proceso penal bonaerense.

“En tal sentido, una vez más, alertamos que su desnaturalización contraviene la independencia del Poder Judicial y, en definitiva, socava las bases del estado constitucional de derecho”, agregaron.

Con relación a la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (ley 27.372, sancionada el 21 de junio de 2017), cuyo incumplimiento se le reprocha a los jueces del fuero penal bonaerense explicaron que “no resulta aplicable en esta provincia, desde que es el propio texto de esa ley, en su art. 37, el que invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a readecuar su legislación procesal, a los fines de asegurar –en sus respectivas jurisdicciones– los derechos de las víctimas que se reconocen en la citada ley” y que no se dictó norma alguna en la provincia.

“En suma, sólo mediante la información jurídica veraz, la verdad podrá prevalecer ante la sinrazón de las expresiones estridentes y demagógicas con las que se acusa a los jueces penales sin el debido sustento legal”, agregaron.

Por último y ante lo que definieron como “genéricas descalificaciones” por parte del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, reiteraron ser consciente que su labor no se encuentra exenta de yerros. “Y es legítimo disentir con el sentido de algunos pronunciamientos, como actos públicos que son. Pero cuando la crítica proviene de otros altos niveles del Estado, no parece razonable que, al mismo tiempo que se la formula, se ignore que frente a cada decisión existen niveles de revisión y que el desempeño de los jueces y miembros del Ministerio Público está sujeto a la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o, en su caso, a la potestad disciplinaria en el seno del Poder Judicial. De tal manera, no puede recurrirse al estrépito mediático para eludir esos mecanismos sin afectar la independencia del Poder Judicial”, concluyeron.