Caso Gianelli: concluyó el ofrecimiento de prueba para el segundo juicio

A tres años de la decisión de la Cámara de Casación Penal de anular el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 1 que absolvió por unanimidad a la docente Analía Schwartz por los delitos de abuso y corrupción de menores, este lunes concluyó la audiencia para el ofrecimiento de prueba para la realización del nuevo juicio. Ese debate, que aún no tiene fecha de inicio, se realizará en el Tribunal Oral en lo Criminal 2.

Los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone concluyeron este lunes la denominada audiencia por el artículo 338 que había comenzado el viernes pasado en el sexto piso de Tribunales y deberán definir una serie de planteos realizados por la defensa de la docente del colegio Gianelli, del Ministerio Público Fiscal y de los representantes de los particulares damnificados.

La defensa de la docente a cargo del estudio de Patricia Perelló presentó una excepción de previo y especial pronunciamiento en la que planteó la falta de acción, la cual deberá ser resuelta por los magistrados. “Debe resolverse esa cuestión en forma previa a todas las demás cuestiones, y si se declarara admisibles el juicio no podrá realizarse”, explicó una fuente judicial a este medio.

Por su parte el abogado César Sivo en representación de siete familias víctimas planteó que el juicio oral se lleve a cabo a razón de una audiencia semanal. El pedido se basó en la cantidad de jornadas previstas –más de cuarenta-  y de esa forma se podría iniciar el debate cuanto antes. La postura fue acompañada por el Fiscal General Adjunto Oscar De Niro y los abogados Martín Bernat y Cristian Pradas,  representantes de otras dos familias.

Ambas cuestiones, además de las pruebas ofrecidas y de las oposiciones de cada una de las partes deberán ser definidas en los próximas días.

En el primero de los juicios que terminó con la absolución en mayo de 2017 de la profesora del Jardín de Infantes “Maminas” y el Colegio Gianelli por los hechos que presuntamente habrían ocurrido entre marzo y diciembre de 2012 y septiembre de 2013 en los institutos, respectivamente, el fiscal Fernando Castro había pedido una pena de 24 años de prisión mientras que los particulares damnificados habían solicitado 28 años.