Organización internacional busca que la CIDH trate la "pandemia" de denuncias de abuso contra docentes en Argentina

Innocence Project, una reconocida organización estadounidense que también tiene sede en Buenos Aires, pidió una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para exponer sobre lo que se considera en Argentina una “pandemia” de denuncias de abuso sexual infantil que implican, mayoritariamente, a docentes del ámbito preescolar.

El fenómeno de este tipo de causas se advierte particularmente en el país y no reporta antecedentes similares en otras latitudes del mundo. Según estadísticas judiciales, en el transcurso de las últimas dos décadas se han registrado, al menos, 300 casos en donde profesores y profesoras de jardines de infantes se ven envueltos en graves acusaciones de abuso contra sus alumnos, a partir de las demandas penales que accionan los mismos padres.

Frente al escenario que se expone en la Justicia, Innocence Project – Proyecto Inocencia – pidió realizar una audiencia temática en la CIDH con el eje puesto en la situación que afrontan los trabajadores de la educación en suelo argentino. La novedad fue confirmada por Patricia Perelló, quien en septiembre también recurrió al organismo internacional que depende de la OEA para presentar una denuncia por violación de derechos humanos a partir del sometimiento judicial que acusa en perjuicio de Analía Schwartz.

En 2013, padres y madres de alumnos de entre tres y cinco años del jardín “Maminas” – dependiente del instituto Fleming – y del colegio “San Antonio María Gianelli” de Mar del Plata aseguraron que la exdocente de música abusó de sus hijos. En 2017 fue a juicio y resultó absuelta de todos los cargos cargos “por la imposibilidad material de que los hechos ocurrieran”, pero el tribunal de Casación anuló la sentencia de primera instancia, ordenó un segundo debate oral y a principios del 2023 fue condenada a 10 años de prisión.

En esta última oportunidad, Schwartz fue encontrada culpable de un caso de abuso y nueve de corrupción de menores  y, al mismo tiempo, fue declarada inocente por el resto de los20  hechos por las cuales se la juzgó. Con duras críticas al accionar de los jueces marplatenses, Perelló apeló la sentencia, tal como lo hicieron las otras partes, y se aguarda por un nuevo dictamen de Casación para saber el futuro del proceso que comenzó hace exactamente una década.

La abogada respaldó el pedido de audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y valoró el apoyo de Innocence Project, dado que la entidad no gubernamental también brindó apoyo a la denuncia por violación de los derechos humanos impulsada por la defensa de Schwartz, junto a instituciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) y la Asociación Pensamiento Penal.

De hecho, Manuel Garrido, el presidente de la ONG norteamericana, siguió de cerca el segundo juicio que se llevó a cabo contra la exdocente de Mar del Plata. El hombre que supo ser fiscal federal de Investigaciones Administrativas estuvo presente en el Tribunal Oral Criminal Nº2 en la jornada inaugural del debate y en los últimos días, donde las distintas partes expusieron los alegatos finales.

“Es muy importante que esto se exponga a nivel internacional porque no es un problema mundial sino que solo pasa acá, en Argentina, y parece una pandemia. En nuestra sociedad, cuando un niño dice algo relacionado con un juego, los padres ya lo interpretan como un abuso y lo ven como algo factible sin tener en cuenta muchas otras circunstancias. Y esta falsa creencia instalada termina siendo fogoneada por abogados, por psicólogos ineptos que a veces hacen de peritos y por los mismos jueces que no son claros con sus fallos. Vivimos una época de mucha irracionalidad y violencia en el país y el docente está muy indefenso”, consideró Perelló.

La abogada, además, pidió contemplar el fuerte impacto que tiene para la vida de los acusados el tenor de estas denuncias. “Esto es como si tirarán una bomba en el living de tu casa: no te afecta a vos solo sino que afecta a la familia. Perdés todo. En estos casos, el hecho de estar sentado en el banquillo de los acusados ya es una especie de pena”, sostuvo, y ejemplificó: “Analía Schwartz y sus hijos están muy mal. El papá sufrió un ACV y murió porque no pudo tolerar todo este proceso. Le han hecho mucho daño”.

Perelló también fue quien defendió a Fernando Melo Pacheco, otro exprofesor de Mar del Plata que en 2002 fue acusado falsamente de delitos aberrantes. Dictaba clases de educación física en el jardín de infantes del Colegio Nuestra Señora del Camino. En 2006, un tribunal lo absolvió de los 21 casos de abusos sexuales que se le atribuían contra sus alumnos. A pesar de ese fallo, que luego fue refrendado en cada una de las instancias superiores, el hombre nunca más pudo volver a pisar un aula.

Qué es Innocence Project

La organización norteamericana nace en 1992 con la misión de liberar a personas encarceladas por crímenes que no cometieron y de reformar el sistema penal responsable por la condena injusta. Sin embargo, su desembarco a la Argentina se produjo varios años más tarde, a partir de las repercusiones que tuvo “El Rati Horror Show”, un documental de Enrique Piñeyro.

En la película se mostraba cómo se fraguó la causa contra Fernando Ariel Carrera, un trabajador que en 2005 fue víctima de una brutal cacería policial cuando efectivos federales lo confundieron con un ladrón y le tiraron a matar. La desenfrenada persecución vehicular terminó con la vida de dos mujeres y un niño que murieron atropellados.

Fernando sobrevivió a ocho balazos y antes de que llegara la ambulancia le plantaron un arma. La condena social y mediática fue inmediata. A la Justicia le llevó un poco más: le dieron treinta años de cárcel. Una década después, la Corte Suprema de Justicia reconoció que había sido condenado por error y lo absolvió.

A partir de ese dictamen del máximo tribunal de la Nación, la productora Aquafilms comenzó a recibir incontables llamados y pedidos de ayuda de personas con causas similares. Esto motivó al cineasta Piñeyro a crear una fundación y, con el asesoramiento de Justin Brooks —abogado, profesor de la California Western School of Law, director de California Innocence Project—, Innocence Project Argentina adoptó el mismo modelo de trabajo de Innocence Project en Estados Unidos.

Hoy, los destinos de la ONG los conduce Manuel Garrido, quien fue fiscal anticorrupción por su cargo en la Procuración de Investigaciones Administrativas de la Nación (PIA) y se desempeña como profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de La Plata y en la del Noroeste de Buenos Aires. Otros integrantes son las periodistas María O’Donnell y Paula Bernini, las abogadas Natalia Lippmann y Sonia Escudero, y el contador Fernando Dubois.